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ARGENTINA | El proyecto busca institucionalizar un modelo económico-laboral que modifique, actualice y mejore las condiciones que regulan la relación entre empleadores y trabajadores. Según la diputada autora, la idea es “adaptar la legislación a los nuevos desafíos productivos, tecnológicos y sociales del país”, promoviendo un marco más flexible y competitivo.
Entre los principales objetivos se destacan: fomentar la creación de empleo formal, brindar beneficios fiscales a quienes contraten nuevos trabajadores, simplificar los trámites administrativos y actualizar artículos clave de la Ley de Contrato de Trabajo.
Los cambios más importantes
La iniciativa introduce transformaciones en varios aspectos centrales del sistema laboral: Flexibilización de las modalidades de trabajo: el empleador podrá modificar formas y modalidades de la prestación laboral, siempre que no altere aspectos esenciales del contrato.
Beneficios fiscales a la contratación: se propone un sistema de créditos fiscales por doce meses para quienes incorporen personal, con mayores ventajas para micro, pequeñas y medianas empresas.
Modernización de los recibos de sueldo: se habilita el pago en efectivo, cheque o por medios electrónicos, y se permite el uso de recibos digitales con detalle completo de los conceptos liquidados.
Vacaciones más flexibles: se autoriza la división de las vacaciones en períodos no menores a una semana y la posibilidad de que parejas o matrimonios que trabajen para el mismo empleador puedan tomarlas en conjunto.
Reformas en las indemnizaciones: las pymes podrán abonar sentencias judiciales en hasta doce cuotas mensuales, se fija un límite a los intereses en créditos laborales y se reduce al 20% el pacto de cuota litis en los juicios.
Redefinición de beneficios sociales: se aclara que ciertas prestaciones como almuerzos, útiles escolares o telefonía móvil no constituyen remuneración, salvo disposición contraria.
Licencias por enfermedad o accidente: se mantienen los plazos actuales, pero se refuerzan los mecanismos de verificación médica y se garantiza la conservación del puesto por un año adicional tras el vencimiento de los plazos.
Régimen laboral agrario: se redefine el alcance del sistema, excluyendo actividades industriales, comerciales o de servicios, aunque se mantiene la responsabilidad solidaria de la empresa usuaria respecto de los trabajadores contratados.
Un debate que promete tensiones
El Gobierno sostiene que la propuesta permitirá dinamizar el empleo formal, reducir la informalidad y generar incentivos para la inversión privada. “Ganan los trabajadores que pasan de la informalidad al empleo registrado, ganan las empresas que pueden crecer, gana el país con más competitividad”, señalan desde el oficialismo.
Sin embargo, desde sectores sindicales y opositores ya anticiparon resistencias, advirtiendo que la reforma podría implicar la pérdida de derechos laborales adquiridos. La CGT y distintas centrales obreras expresaron su rechazo, asegurando que se trata de una “ratificación del decreto 70/23” en su capítulo laboral.
Próximos pasos
El oficialismo planea impulsar el debate en el Congreso en las próximas semanas, con el objetivo de que la iniciativa se convierta en una de las piezas legislativas centrales de la nueva etapa política. Se espera que el proyecto sea debatido en comisión antes de fin de año y que reciba modificaciones durante su tratamiento parlamentario.
