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CÓRDOBA | El pasado domingo 26 de octubre, Brenda decidió quitarse la vida en su casa de la ciudad de Córdoba. Su hermana, Jésica Gázquez, rompió el silencio con una frase que sintetiza el dolor de toda una familia: “Mi hermana ya no podía más. La Justicia tardó demasiado. Queremos que los agresores sean juzgados por homicidio”.
Los principales acusados, Cristian Marini y Franco Vergara, habían estado detenidos ocho meses con prisión preventiva, pero recuperaron la libertad mientras esperaban el inicio de los juicios. Brenda vivía con miedo. Según su entorno, las amenazas eran constantes, tanto en la calle como por redes sociales. “No dormía, se despertaba gritando. Veía a sus agresores en todos lados”, relató su hermana.
La causa del suicidio se investiga como muerte de etiología dudosa, mientras la familia insiste en que se trata de una consecuencia directa de los abusos y del hostigamiento sufrido durante años.
Brenda había denunciado dos violaciones y múltiples amenazas entre 2018 y 2022. También sufrió el incendio de su casa, intimidaciones permanentes y el desamparo del sistema judicial. Pese a tener botón antipánico y medidas de restricción, los acusados seguían moviéndose libremente por el barrio.
Su historia se suma a la de otras mujeres cuya vida fue destruida por la violencia sexual y la indiferencia judicial. Casos como el de Sathya Insaurralde o el de Luana Ludueña, donde los agresores fueron condenados por homicidio al demostrarse que los abusos y el hostigamiento las llevaron al suicidio, abren una puerta para que la muerte de Brenda no quede impune.
“A Brenda la destruyeron entre todos: sus violadores, las amenazas y la justicia que nunca llegó. Pero vamos a seguir peleando hasta que haya condena”, aseguró su hermana.
