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BERNANRDO LARROUDÉ | El detonante más reciente fue el robo de elementos del interior de un vehículo sufrido anoche por un vecino, quien hizo público su malestar en redes sociales apuntando directamente a los ex convictos. Tras el hecho, la policía habría demorado a los sospechosos, reavivando el reclamo social por mayor seguridad y control.
Las denuncias de los habitantes son contundentes: aseguran que estas personas circulan a diario por el pueblo con actitudes desafiantes, provocadoras, gritando insultos, generando miedo en los vecinos y alterando el normal funcionamiento cotidiano de una población acostumbrada a vivir en paz y con seguirdad. Además, recordaron antecedentes delictivos registrados en años anteriores, entre ellos el robo de una notebook del municipio, que -según aseguran- luego fue recuperada durante un allanamiento en la vivienda donde residen habitualmente.
Vecinos sostienen que, lejos de reinserción o acompañamiento adecuado, la convivencia resulta imposible en una comunidad pequeña como Larroudé. Aseguran que se intentó juntar firmas para solicitar su traslado y que la medida no prosperó, lo que alimentó una sensación de desprotección e impunidad.
Sumado a ello, remarcan que el hombre que habría facilitado el traslado de estas personas al pueblo actualmente se habría mudado a Santa Rosa, dejando la vivienda ocupada por los ex convictos, sin hacerse cargo de las consecuencias de su accionar.
Los testimonios difundidos en redes, cargados de frustración, exigen que se actúe de manera urgente: piden respuestas políticas, intervención judicial y acciones concretas que garanticen resguardo para la comunidad. “No se trata de estigmatizar —afirman los vecinos— sino de proteger a un pueblo que ha sido paciente durante más de una década y que ya no puede tolerar episodios delictivos, violencia ni amenazas.”
Mientras tanto, Larroudé permanece atravesado por una discusión sensible: los derechos ciudadanos, la seguridad pública y los límites reales de la reinserción social cuando, según describen quienes conviven diariamente con el problema, el comportamiento de los involucrados vuelve imposible ese objetivo.
La exigencia es clara: reclaman que estas personas sean retiradas del pueblo para recuperar la convivencia, la tranquilidad y el respeto por la ley, que aseguran haber perdido en los últimos años.
