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El Gobierno de La Pampa decidió extinguir el fideicomiso que había constituido junto al Banco de La Pampa para la administración y recuperación de deudas judiciales y morosas. La medida fue formalizada mediante el Decreto Nº 1911, aunque la decisión data del 29 de agosto de 2025, y marca el cierre definitivo de un instrumento financiero creado a comienzos de los años 2000.
El decreto establece la finalización del “Fideicomiso de Administración de Cartera Judicial y Morosa”, suscripto entre la Provincia y la entidad bancaria, y dispone que los bienes residuales aún no cobrados quedarán bajo titularidad del Banco de La Pampa. Asimismo, se facultó al Ministerio de Hacienda y Finanzas a realizar las registraciones contables correspondientes respecto de los bienes transmitidos a la Provincia en su carácter de fiduciante, y tanto a esa cartera como al Ministerio de la Producción a dictar los actos necesarios para completar la liquidación del fideicomiso.
Uno de los puntos destacados de la normativa es que el Balance General del fideicomiso al 31 de julio de 2025 fue clasificado como “confidencial”, por lo que no se conocieron oficialmente los resultados finales de su gestión.
Desde Casa de Gobierno explicaron que la disolución respondió a una cuestión de racionalidad económica. “El fideicomiso desaparece porque los gastos de administración eran mayores que los bienes que quedaban por cobrar”, indicaron fuentes oficiales. Se trata, principalmente, de dos terrenos y otros activos de valor insignificante, con situaciones judiciales complejas que dificultan su recupero en el corto plazo. Por ese motivo, se resolvió que el Banco de La Pampa conserve esos bienes para intentar su cobro futuro, sin mantener vigente una estructura administrativa costosa.
De todos modos, las mismas fuentes remarcaron que el fideicomiso “cumplió ampliamente sus objetivos”, ya que permitió recuperar la mayor parte de la deuda transferida en su momento. En ese sentido, recordaron que ya en el mensaje que acompañó al Presupuesto 2024 se había anticipado la decisión de finalizar el contrato, cuyo plazo había sido prorrogado en varias oportunidades por la Legislatura pese a que el remanente era de escasa significación o de difícil recupero.
El fideicomiso había sido creado mediante el Decreto Nº 11/01 como una herramienta para gestionar créditos impagos o en etapa judicial del Banco de La Pampa, conocidos como “cartera sucia”. El objetivo era administrar, refinanciar y recuperar deudas que, bajo las normas prudenciales del Banco Central, resultaban prácticamente incobrables, evitando así que se perdieran en su totalidad.
En 2018, durante una discusión con gremios estatales, el entonces ministro de Hacienda Ernesto Franco explicó el alcance de la medida y señaló que el principal objetivo había sido “proteger al Banco de La Pampa”, en un contexto financiero crítico. Según sostuvo, el fideicomiso permitió excluir esos créditos de las exigencias del Banco Central y dar oxígeno a la entidad, al tiempo que algunos deudores pudieron refinanciar sus obligaciones y, en ciertos casos, conservar sus propiedades.
La iniciativa se enmarcó en un período complejo para el sistema financiero argentino, a comienzos de los años 2000, cuando muchas entidades provinciales desaparecieron. En ese contexto, el Gobierno pampeano decidió no privatizar el Banco de La Pampa y capitalizarlo mediante la compra de su cartera de deudores considerados incobrables. Según se indicó en aquel momento, la Provincia habría pagado unos 120 millones de pesos —equivalentes a dólares bajo la convertibilidad— por una deuda estimada en más de 200 millones.
Con el paso de los años, la recuperación de una parte significativa de esos créditos permitió aliviar la situación del banco y sostener su carácter estatal. Aunque la operatoria generó cuestionamientos y sospechas de trato diferencial hacia algunos clientes, quienes participaron del proceso coinciden en que fue una medida clave para sostener al Banco de La Pampa dentro del sistema financiero y preservar una herramienta central para las políticas económicas provinciales.
