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RÍO NEGRO | Una fuerte controversia envuelve al Gobierno de Río Negro tras la contratación de un helicóptero biturbina para la lucha contra incendios forestales durante la temporada de verano 2025-2026. La polémica estalló no solo por el elevado monto del contrato, que ronda los 6,7 millones de dólares, sino también por la estrategia comunicacional del gobernador Alberto Weretilneck, quien presentó la unidad como "equipo propio" cuando en realidad se trata de un alquiler por solo tres meses.
Los números bajo la lupa
La Licitación Pública Nº 98/2025 adjudicó el servicio a la empresa Aero Guardian S.A. por un monto aproximado de USD 6.720.000,00. El dato que genera mayor indignación es el costo de la hora de vuelo, fijado en 35.000 dólares.
Al realizar comparaciones directas, las diferencias son abismales:
Neuquén: Contrató cuatro aeronaves por una temporada más extensa con un costo promedio de 14.166 dólares por hora.
Estados Unidos: Servicios de capacidad similar rondan entre los 9.000 y 15.000 dólares por día.
Legislatura: El legislador Luciano Delgado Sempé calificó la maniobra como una "venta de humo" y aseguró que, con ese dinero, la provincia podría haber comprado hasta tres helicópteros propios.
Irregularidades en la licitación
El proceso ha sido formalmente impugnado por la empresa competidora, Helicopters AR S.A., que presentó una oferta casi 2 millones de dólares más barata (USD 4.827.900,00) y fue descartada. Entre las anomalías señaladas figuran:
Plazos exiguos: El llamado se publicó el 26 de noviembre y los sobres se abrieron el 1 de diciembre, otorgando menos de tres días hábiles efectivos para concursar.
Cambios financieros: A horas de la publicación, el Gobierno quintuplicó la garantía de oferta, elevándola del 1% al 5%, lo que dificultó la participación de oferentes.
Fallas técnicas: Se denuncia que la aeronave adjudicada (un Black Hawk UH-60A) no cumpliría con la capacidad de descarga de 4.000 litros exigida por pliego —su capacidad real sería de 3.418 litros— ni con el transporte de los 15 brigadistas requeridos.
Además, se cuestionó que la aeronave de Aero Guardian no se encontraba en territorio argentino al momento de la orden de compra, lo que retrasaría su operatividad por semanas. El caso vuelve a poner en tela de juicio la transparencia en las contrataciones aéreas de la gestión actual, que ya arrastra antecedentes polémicos con la compra y posterior venta de un avión sanitario.
