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LA PAMPA | En medio de un debate nacional que toca las fibras más sensibles de la seguridad pública, el constitucionalista pampeano Andrés Gil Domínguez volvió a encender la polémica. Sus recientes declaraciones, en las que comparó la intención de bajar la edad de imputabilidad con los años más oscuros de la dictadura militar, parecen formar parte de una retórica académica que se choca de frente con la cruda realidad de las calles.
Gil Domínguez sostiene en declaraciones publicadas por el matutino pampeano El Diario, que bajar la edad de responsabilidad penal a los 13 o 14 años es un "retroceso" y una violación a los derechos del niño. Sin embargo, su argumento omite un punto central que hoy defiende gran parte de la sociedad y mandatarios como Maximiliano Pullaro: el derecho de las víctimas a tener justicia.
¿Estadísticas o realidades?
El jurista cita que los delitos cometidos por menores de 16 años representan un porcentaje bajo (entre el 1,5 y el 2%). Pero para la madre de Jeremías Monzón, cuyo asesinat oes investigado, y los principales sospechosos son jóvenes de 14 años que hoy están en sus casas "gozando de las redes sociales", esa estadística es una bofetada.
Cuando el derecho se convierte en un escudo para quienes, con plena conciencia, emboscan y matan, la teoría constitucional de Gil Domínguez empieza a sonar vacía. ¿Es "regresivo" pedir que un asesino de 14 años no vuelva a su casa a las pocas horas del crimen?.
La comparación con la dictadura: un recurso desgastado
Afirmar que este proyecto es "más regresivo que lo hecho por Videla" no solo es una exageración técnica, sino un recurso dialéctico que busca clausurar el debate mediante el espanto. La democracia tiene la obligación de actualizar sus leyes a los tiempos que corren, donde las organizaciones criminales utilizan a menores precisamente porque saben que el sistema, defendido por juristas como Gil Domínguez, los considera "inimputables" sin importar la atrocidad cometida.
El "norte" que olvida a la sociedad
El constitucionalista propone un régimen donde el adolescente "entienda la falta que cometió para no repetirla". Suena ideal en un libro de derecho, pero en la práctica, sin consecuencias penales claras, el mensaje que se envía es de impunidad.
Mientras Gil Domínguez habla de "estupidez de una mayoría social", esa misma mayoría es la que debe enterrar a sus hijos mientras observa cómo los victimarios caminan libres por el garantismo de un sistema que parece haber perdido el sentido común. La verdadera "destrucción de las bases de la democracia" ocurre cuando el ciudadano honesto siente que el Estado protege más al que mata que al que muere.
