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NACIONALES | La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) atraviesa uno de sus momentos judiciales más complejos. El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, junto a la fiscal Cecilia Incardona, investigan el presunto desvío de 50 millones de dólares. Según el expediente, ese dinero proviene de la actividad de la Selección Argentina en el exterior (amistosos, contrato con Adidas y la plataforma AFA Play) y nunca habría llegado a las arcas de la asociación para ser distribuido entre los clubes.
La ruta del dinero La justicia logró reconstruir un flujo de fondos que habría transitado por cinco sociedades radicadas fuera del país, principalmente en Estados Unidos, que no poseen una actividad económica clara. Las firmas bajo sospecha son:
Velpasalt Global LLC: US$14,7 millones.
Marmasch LLC: US$13,4 millones.
Soagu Services LLC: US$10,8 millones.
Dicetel: US$4,8 millones.
Velp LLC: US$3 millones.
En el centro de la escena aparece la firma TourProdEnter LLC, vinculada al empresario Javier Faroni, la cual tenía la responsabilidad de administrar estos ingresos internacionales que globalmente alcanzan los US$260 millones.
Documentación falsa y autos de lujo
La investigación ya detectó irregularidades graves, como una certificación contable falsa utilizada para la adquisición de vehículos. Ante esto, el magistrado ordenó al Banco Coinag un informe exhaustivo sobre todos los movimientos y plazos fijos asociados a las empresas mencionadas.
La conexión local: Banfield en la mira
La causa no se limita al plano internacional. La Justicia ordenó un peritaje integral sobre el patrimonio del Club Atlético Banfield y su fideicomiso. Se busca determinar si parte del dinero desviado en el exterior reingresó al país para financiar estructuras internas o gastos personales de dirigentes, eludiendo los controles de la Inspección General de Justicia (IGJ) y la AFIP.
Los próximos pasos
La fiscalía avanzará ahora en tres frentes: el rastreo de activos en jurisdicciones como Delaware y Florida para identificar a los "beneficiarios finales", peritajes digitales sobre dispositivos secuestrados y una auditoría comparativa entre los contratos firmados por la AFA y sus balances oficiales. De confirmarse las sospechas, la carátula de administración fraudulenta podría ampliarse a lavado de activos.
