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NACIONALES | La reforma laboral que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados contiene un punto que generó una fuerte reacción en los organismos de derechos humanos y de control penitenciario. Se trata de la derogación de los artículos de la Ley 24.660 que regulan el trabajo de las personas privadas de la libertad.
Según denunció el procurador Ariel Cejas Meliare, la reforma elimina la obligación de pagar un salario a los detenidos que trabajan. Actualmente, cerca de 35.000 internos realizan diversas tareas bajo un régimen regulado. "Si no hay remuneración ni regulación, el trabajo se convierte en esclavitud", sentenció el funcionario, calificando la medida como un retroceso histórico.
La preocupación radica en que esta situación, que ya ocurre de manera irregular en algunas provincias, se legalice y se extienda a todo el sistema federal, donde hay más de 11.500 detenidos.
Desde la Procuración Penitenciaria de la Nación se destacaron tres pilares que se verían afectados por esta modificación:
Reinserción social: El trabajo organiza la vida dentro de los penales y prepara a la persona para su futura libertad.
Sostén de familias: Muchos detenidos utilizan su sueldo para ayudar económicamente a sus familias en el exterior.
Fondo para víctimas: Por ley, un 10 por ciento del salario de los presos se destina a la reparación de las víctimas del delito. Al no haber sueldo, ese fondo de resarcimiento desaparecería.
Tanto la Procuración como el Comité contra la Tortura advirtieron que esta reforma contradice la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y diversos tratados internacionales. Sostienen que el trabajo humano, incluso en situación de encierro, es un derecho protegido por la Constitución Nacional que no puede ser degradado a una forma de servidumbre sin pago.
