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Desde el espacio señalaron que la concesión del área vencía en junio de 2026, situación que —según plantearon— era conocida desde 2016, y cuestionaron la demora del Poder Ejecutivo en definir el futuro del yacimiento. En ese sentido, sostuvieron que esa dilación derivó en un tratamiento apresurado de un recurso estratégico para la provincia.
Comunidad Organizada también manifestó que la intención oficial no habría sido convocar a una licitación pública nacional e internacional, sino avanzar en una prórroga a favor de Pampetrol S.A.P.E.M.. Además, advirtieron que la producción petrolera registra una merma desde 2022, lo que atribuyeron a la falta de inversiones de la actual operadora, Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A., situación que —indicaron— fue reconocida por funcionarios provinciales en la Legislatura y que habría impactado en la producción y en el empleo local.
Entre los cuestionamientos, el bloque denunció un supuesto ocultamiento de información vinculada a la producción y al desempeño económico de la UTE conformada por Pampetrol y PCR. Según expresaron, no se habrían confeccionado balances ni garantizado los mecanismos de control previstos en la normativa vigente. También recordaron que en 2016 se firmó un instrumento contractual al momento de la prórroga por diez años de la concesión, cuyo contenido —según afirmaron— no fue debidamente conocido por la Cámara de Diputados ni por autoridades municipales hasta la intervención judicial impulsada por el dirigente Juan Carlos Tierno ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.
En la nota, el espacio enumeró obligaciones que, a su entender, no se habrían cumplido, entre ellas la contratación de auditorías externas, el control de inversiones comprometidas por 500 millones de dólares, informes semestrales a la Legislatura y la constitución de un Comité Operativo con actas formales sobre la explotación.
Asimismo, cuestionaron el proceso licitatorio recientemente frustrado, al señalar que no se contaba con información técnica y ambiental completa sobre el estado real del área y que el denominado “Data Room” no brindó la claridad necesaria, lo que —según sostienen— derivó en la ausencia total de oferentes. También hicieron referencia a lo que calificaron como presiones durante el tratamiento legislativo del tema.
Finalmente, desde Comunidad Organizada anticiparon que presentarán un nuevo proyecto de ley con el objetivo de evitar —según expresaron— un deterioro definitivo del principal yacimiento hidrocarburífero de la provincia. Además, solicitaron que la nota enviada sea leída en la reunión prevista en 25 de Mayo y adelantaron que próximamente visitarán la localidad para exponer públicamente su postura ante la comunidad.
