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NACIONALES | La Justicia avanza en una investigación clave que sacude los cimientos administrativos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El eje central del expediente es el contrato firmado en diciembre de 2021 por Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino con la firma TourProdEnter LLC, vinculada a Javier Faroni. El acuerdo otorga a la empresa la exclusividad para representar comercialmente a la AFA en el exterior con una comisión del 30% sobre ingresos y un 10% adicional por logística.
La contradicción que alimenta la hipótesis judicial surge de las propias filas de la AFA. Leandro Petersen, gerente de Marketing de la entidad, ha sostenido públicamente que el área interna es la responsable de las ventas y activaciones con sponsors. Ante esto, los investigadores se preguntan: si la AFA hace el trabajo, ¿qué servicio prestó la intermediaria para retener cifras que superarían los 300 millones de dólares en el período investigado?
Uno de los puntos críticos del análisis contable es el contrato con Adidas en 2024. Se detectó que, de los 25 millones de dólares transferidos por la marca alemana, una parte significativa se canalizó a través de cuentas en el Bank of America y Citibank asociadas a la estructura de Faroni. La Justicia intenta determinar si la empresa participó activamente en la negociación o si funcionó meramente como un "canal de facturación" para aplicar las comisiones.
Hasta el momento, no se ha hallado evidencia pública ni informes de gestión que acrediten la captación de nuevos mercados o la organización de partidos amistosos por parte de TourProdEnter. Esta ausencia de documentación respaldatoria refuerza la sospecha de una administración fraudulenta.
La causa sumó capítulos de tensión tras los allanamientos realizados en la sede de la AFA entre diciembre de 2025 y enero de 2026. En los operativos se encontraron:
Órdenes de pago por 300 millones de pesos a la firma Real Central (vinculada a una propiedad de lujo en Pilar).
Falta de reportes que detallen las tareas operativas que justifiquen el 10% adicional pactado en el contrato internacional.
Desde la conducción de la entidad madre del fútbol argentino, defienden el modelo argumentando que es una "práctica habitual" en el marketing deportivo global y que permite centralizar las cobranzas en el exterior. Sin embargo, para los peritos judiciales, la razonabilidad económica del esquema está en duda frente a la posible figura de lavado de activos.
