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ESPAÑA | “Por fin lo he conseguido, por fin podré descansar”, afirmó Noelia apenas 24 horas antes de su fallecimiento en una entrevista con Antena 3. Sus palabras reflejaban el agotamiento de quien, desde muy niña, convivió con el abuso, la soledad en centros de acogida y el consumo de drogas como vía de escape.
Una batalla contra el sistema y su propia familia
El proceso para acceder a la eutanasia, que originalmente estaba programado para agosto de 2024, se dilató sistemáticamente debido a la férrea oposición de su padre. Asesorado por la asociación Abogados Cristianos, el progenitor sostenía que Noelia no poseía las facultades mentales para decidir sobre su propia vida.
Sin embargo, la justicia recorrió todas las instancias posibles para ratificar la voluntad de la joven:
Juzgado de Instrucción de Barcelona y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña fallaron a su favor.
El Tribunal Supremo y el Constitucional ratificaron su derecho.
Finalmente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dio el dictamen definitivo que permitió cumplir su voluntad este jueves.
El caso de Noelia Castillo pone de manifiesto las fallas en la red de contención para víctimas de violencia sexual. La joven confesó que nunca denunció la agresión múltiple que sufrió por parte de tres hombres: "A los tres o cuatro días me tiré por la ventana", relató. Aquel acto, que buscaba el fin de su dolor emocional, la condenó a un dolor físico crónico que solo encontró alivio mediante la ley de eutanasia vigente en España.
"Quiero irme en paz", fue su último deseo público. Su fallecimiento cierra un capítulo judicial histórico, pero deja abierta una herida sobre cómo las sociedades procesan el trauma y el derecho a la autonomía personal frente al sufrimiento extremo.
