InfoTec 4.0
LA PAMPA | Mientras el Senado de la Nación avanza en herramientas para equilibrar la balanza judicial y proteger el principio de inocencia, el Ejecutivo pampeano prefiere sostener un relato que, para muchos sectores, termina blindando la impunidad de quienes utilizan la justicia como un arma de revancha personal.
Desde la cartera que conduce Álvarez, se tildó a la iniciativa de "regresiva" y "carente de evidencia". Sin embargo, esta posición ignora una realidad creciente en los tribunales: el uso estratégico de denuncias infundadas que destruyen vínculos familiares, especialmente el contacto de padres con sus hijos, y saturan un sistema judicial ya de por sí desbordado.
El comunicado oficial del Ministerio sostiene que hablar de "falsas denuncias" desalienta a las víctimas reales. Pero la crítica que surge desde diversos sectores sociales y jurídicos es precisamente la contraria: lo que realmente daña a las víctimas legítimas es la proliferación de casos fabricados que quitan recursos y credibilidad al sistema.
Lejos de buscar un punto de equilibrio, el Gobierno de La Pampa ha optado por deslegitimar cualquier intento de control sobre el accionar de los equipos técnicos. Al afirmar que estos proyectos "deslegitiman a los profesionales", Álvarez parece cerrar la puerta a cualquier tipo de auditoría o responsabilidad sobre informes periciales que, en ocasiones, han demostrado ser sesgados o carentes de rigor científico.
Para los críticos de esta gestión, la postura de La Pampa responde más a una alineación ideológica con el anterior esquema de políticas de género que a una búsqueda real de justicia integral. Al encasillar cualquier modificación legal como un "recorte de derechos", el Ministerio de Desarrollo Social evita dar respuesta a la problemática de los hombres y familias injustamente señalados, cuyas vidas quedan en un limbo legal durante años.
Mientras otras provincias comienzan a debatir mecanismos para asegurar que la justicia sea una herramienta de protección y no de persecución, La Pampa se atrinchera en una narrativa que, bajo la bandera de la protección a la niñez, termina muchas veces vulnerando el derecho de esos mismos niños a mantener vínculos sanos con ambos progenitores.
