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EL SALVADOR | La Asamblea Legislativa, alineada con las políticas de seguridad del presidente Nayib Bukele, llevó adelante modificaciones estructurales en el Código Penal y la Ley Penal Juvenil. Entre los cambios más significativos se encuentra la transformación de los antiguos juzgados de menores en tribunales de lo criminal, organismos que ahora tendrán la competencia para procesar estos casos y dictar la pena máxima.
La implementación de la cadena perpetua juvenil ha encendido las alarmas en el escenario internacional. Instituciones como UNICEF y el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas manifestaron una «profunda preocupación», argumentando que la justicia para adolescentes debe tener como eje central la rehabilitación y la reintegración social, considerando la privación de libertad únicamente como un último recurso y de carácter temporal.
Por su parte, la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos instó al Gobierno salvadoreño a dar marcha atrás con los cambios, señalando que la normativa contradice tratados internacionales vigentes sobre la protección de la niñez y la adolescencia.
Esta reforma se inscribe dentro del riguroso plan de seguridad que El Salvador mantiene bajo estado de excepción desde el año 2022. Si bien las autoridades locales destacan una reducción histórica en los índices de criminalidad y homicidios vinculados a las pandillas, la gestión de Bukele continúa recibiendo críticas por la suspensión de garantías constitucionales y las detenciones masivas.
Pese a los cuestionamientos externos, el Ejecutivo salvadoreño mantiene una postura firme, priorizando el control territorial y la severidad de las penas como herramientas para erradicar definitivamente la violencia de las maras en el país centroamericano.
