La Justicia declara en rebeldía a Evo Morales y ordena su captura por caso de trata de personas

Un tribunal del departamento boliviano de Tarija declaró este lunes en rebeldía al expresidente Evo Morales, luego de que no se presentara a la audiencia inaugural del juicio en su contra por el presunto delito de trata agravada de personas, vinculado a una supuesta relación con una menor de edad durante su mandato.

El presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, Luis Esteban Ortiz, aseguró que se habían cumplido todas las formalidades necesarias para el inicio del juicio oral.

Tal como había anticipado la defensa del exmandatario, ni Morales ni sus abogados asistieron al Tribunal Primero de Sentencia, presidido por el juez Carlos Oblitas, quien resolvió declararlo en rebeldía. La medida implica la emisión de una orden de captura, arraigo migratorio y otras restricciones judiciales.

Tras la resolución judicial, el tribunal ordenó la captura del líder del Movimiento al Socialismo (MAS), quien actualmente permanece en la región cocalera del Chapare. La fiscalía investiga una presunta relación de Morales con una adolescente con la que habría tenido una hija, situación que el exmandatario no negó públicamente, aunque su entorno sostiene que se trata de una causa armada con fines políticos.

El fiscal departamental de Tarija, José Mogro, afirmó que el Ministerio Público reunió más de 170 pruebas contra el ex jefe de Estado para sostener la acusación por trata agravada.

Por su parte, el equipo jurídico de Morales, encabezado por el exprocurador Wilfredo Chávez, justificó la ausencia de su cliente alegando irregularidades en el proceso de notificación. Chávez calificó el expediente como una “persecución política” destinada a desviar la atención de la crisis económica y social que atraviesa Bolivia bajo la administración del presidente Rodrigo Paz.

En la misma línea, el abogado Nelson Cox sostuvo que el tribunal no está respetando estándares internacionales y reiteró que la causa constituye una utilización política del sistema judicial, iniciada durante el gobierno de Luis Arce y continuada por la actual administración.