InfoTec 4.0
REALICÓ | La tarde del martes deparó un episodio policial de singular gravedad en la ciudad de Realicó. Personal de la Comisaría local interceptó a un contratista rural oriundo de Roque Pérez, provincia de Buenos Aires, que circulaba por la ruta nacional 188 de este a oeste con dos camionetas Volkswagen Amarok arrastrando una considerable formación de implementos agrícolas, en flagrante infracción a las normas de tránsito y sin contar con ningún tipo de documentación habilitante.
Lo que comenzó como un control de rutina derivó rápidamente en un episodio de corrupción que el personal policial rechazó con firmeza en tres oportunidades distintas, lo que terminó con la detención del contratista, el secuestro judicial de todos los vehículos e implementos y la intervención de la Fiscalía General de General Pico.
Un convoy fuera de norma
El personal de la Comisaría de Realicó recibió pasadas las 18.30 el reporte sobre dos camionetas que circulaban por la ruta 188 con implementos agrícolas enganchados de manera irregular. Al constatar su presencia cuando ambos rodados ingresaban a la estación de servicio Shell ubicada en el cruce de las rutas nacionales 35 y 188, los efectivos encontraron una situación que superaba ampliamente la infracción original.
Una de las camionetas transportaba tres enganches, práctica expresamente prohibida por Vialidad Nacional, y el convoy carecía de toda señalización reglamentaria, con uno de los carros circulando además sin luces. Para completar el cuadro, el primer policía en llegar al lugar advirtió que una de las pick-up era conducida por un menor de edad, hijo del titular del convoy.
De acuerdo a lo informado por el comisario inspector José María Córdoba en diálogo con Infotec 4.0, al solicitar la documentación correspondiente, la situación se agravó aún más: el encargado del operativo declaró carecer de absolutamente toda la documentación exigible, incluyendo los carnets de conducir, los seguros obligatorios de ambas camionetas y de la totalidad de los implementos remolcados.
El convoy estaba integrado por dos plataformas agrícolas, una marca New Holland y otra John Deere, una casilla agrícola color gris sin marca visible, una cisterna amarilla marca El Crespín y un carro gris y blanco de doble eje con cisterna amarilla cargada. Ante la gravedad de la situación, se dio aviso de inmediato al jefe de la dependencia, el Comisario Inspector Córdoba, quien se hizo presente en el lugar.
Tres intentos de soborno y tres rechazos
Lo que vino después constituyó un delito en sí mismo. Cuando el sargento ayudante Daniel Pallarés le comunicó al encargado que se encontraba en infracción, este le preguntó sin rodeos si "no se podía arreglar de otra manera". La misma propuesta le hizo al comisario Córdoba cuando este llegó al lugar ya con la determinación de proceder al secuestro de las unidades y su traslado al puesto caminero, esta vez acompañando la consulta con señas que evidenciaban con claridad una intención económica. El comisario le advirtió sobre su inminente detención, ante lo cual el contratista se disculpó y acató momentáneamente las órdenes.
Sin embargo, al retirarse el jefe policial para organizar la escolta de los vehículos hasta la comisaría, el sargento Pallarés lo contactó nuevamente para informarle que el contratista se negaba a mover las máquinas y desobedecía las órdenes de la autoridad. Se hizo presente entonces el subcomisario Martín Tachini con el objetivo de intentar resolver la situación de manera pacífica y dialogada, pero recibió exactamente la misma propuesta de soborno y la misma actitud de resistencia.
Fue ese tercer intento de cohecho el que determinó la decisión final: se dispuso la detención inmediata del contratista, quien en ningún momento pareció comprender la gravedad de su situación, y el secuestro judicial de la totalidad de los rodados e implementos.
Intervención judicial y costosa regularización
Las actuaciones judiciales se iniciaron con intervención de la Fiscalía General con asiento en General Pico, a cargo del doctor Matías Juan, por los delitos de cohecho y desobediencia a la autoridad. El fiscal dispuso la libertad del imputado en las primeras horas de la mañana siguiente, pero condicionó la liberación de los vehículos a la regularización completa de todas las infracciones.
El costo de haber intentado eludir los controles con un soborno resultó finalmente mucho más oneroso que cumplir con la ley desde el principio: el contratista debió abonar multas de consideración en el Juzgado de Faltas local, contratar carretones desde Buenos Aires para el traslado reglamentario de los implementos agrícolas, gestionar los seguros obligatorios de las dos camionetas y de cada uno de los implementos, y tramitar los permisos viales correspondientes.
Recién en horas de la tarde, una vez acreditada la regularización total ante la fiscal sustituta, la doctora María Pía Collazo, se autorizó la liberación de los vehículos.
