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La discusión por el abastecimiento de gas en el NOA sumó tensión política luego de que el bloque Convicción Federal advirtiera en el Senado que las provincias del norte podrían afrontar este invierno costos de gas hasta nueve veces superiores a los del centro del país si no se completa la reversión del Gasoducto Norte.
La senadora jujeña Carolina Moisés responsabilizó al gobierno de Javier Milei por la situación y cuestionó la falta de finalización de una obra considerada estratégica para garantizar el abastecimiento regional.
Durante una intervención en la Cámara alta, Moisés sostuvo que la Resolución 66/2026 de la Secretaría de Energía y la demora en la reversión del gasoducto provocarán una reducción significativa en la capacidad de transporte firme para el norte argentino.
Según denunció la Unión Industrial de Tucumán, el suministro firme pasará de 4,99 MMm³ diarios a 3,22 MMm³ diarios desde mayo de 2026, lo que representa una caída del 35%.
La legisladora advirtió que, ante la insuficiencia del gas por red, las provincias del NOA podrían verse obligadas a recurrir a gas importado a valores considerablemente más altos.
“Algunas provincias van a pagar 27 dólares mientras el resto del país paga 3”, afirmó Moisés al comparar el costo estimado del gas importado con el abastecimiento en otras regiones.
La reversión del Gasoducto Norte fue diseñada para modificar el sentido histórico del flujo de gas y permitir que el combustible producido en Vaca Muerta llegue al norte argentino, reemplazando gradualmente las importaciones provenientes de Bolivia.
El proyecto contempla la construcción de un nuevo tramo de 122 kilómetros, además de obras complementarias y la adaptación de plantas compresoras para habilitar el transporte de sur a norte.
Desde ENARSA habían definido la obra como fundamental para sostener el abastecimiento energético del NOA en un contexto de caída de producción en la cuenca noroeste y disminución de los envíos bolivianos.
Sectores industriales del norte también alertaron sobre el impacto económico de la medida y señalaron que el aumento de costos energéticos podría afectar la competitividad de las empresas regionales frente a provincias del centro del país.
