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LA PAMPA | Comunidad Organizada, a través de los diputados provinciales Sandra Fonseca y Maximiliano Aliaga, y su presidente Juan Carlos Tierno, presentaron este miércoles 20 de mayo un escrito ante la Fiscalía de Investigación Administrativa exigiendo que se concluya la investigación sobre el área hidrocarburífera El Medanito y ampliando la denuncia original con siete nuevos puntos de gravedad institucional.
El bloque rechazó el argumento del Poder Ejecutivo, que a través de una nota del funcionario Vanini pretendía que el fracaso de la licitación tornaba abstracta la cuestión. Comunidad Organizada sostiene lo contrario: la ilicitud administrativa se perpetró al elaborar los pliegos violando la ley, y esa sola violación es suficiente para investigar las responsabilidades de los funcionarios involucrados, independientemente del resultado de la licitación. Además, señalan que los propios considerandos de la resolución de la FIA reconocen que el proceso de elaboración de pliegos puede generar consecuencias no solo administrativas sino también civiles y penales.
La ampliación de la denuncia se articula en siete puntos concretos. Primero, que desde el inicio de la gestión de Ziliotto se dejó de invertir el dinero obligatorio en El Medanito, lo que provocó un descenso abrupto de la producción de gas y petróleo y un agravamiento del daño ambiental. Segundo, que las autoridades de hidrocarburos y ambiente recién ingresaron al área en abril de 2024, reconociendo un incumplimiento prolongado de sus obligaciones de control. Tercero, que durante toda la gestión Ziliotto nunca se cumplió la ley de Pampetrol, que obliga a sus integrantes a informar semestralmente sobre la explotación hidrocarburífera y al gobernador a presentar informes a la Cámara de Diputados para posibilitar el control institucional.
Cuarto, que no se habría contratado el seguro de protección ambiental obligatorio por las leyes provincial y nacional de ambiente, dejando sin cobertura los daños generados. Quinto, que se dictó una ley que declara la virtual impunidad de Pampetrol durante ocho meses respecto de sus obligaciones ambientales, algo que la normativa vigente no permite para ninguna empresa, pública ni privada. Sexto, que se otorgó a Pampetrol el manejo integral de un área hidrocarburífera sin licitación pública, en clara violación a la normativa vigente. Séptimo, que ese otorgamiento se realizó además ignorando que Pampetrol no cuenta con libre deuda ambiental, condición exigida por la normativa provincial para cualquier empresa que pretenda hacerse cargo de un área.
Comunidad Organizada solicita la obligatoria e impostergable intervención de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas para investigar lo que describe como incumplimientos legales de fácil comprobación, tanto a normativa provincial como nacional en materia de hidrocarburos y protección ambiental.
