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En el documento, la fuerza opositora afirmó que no puede cobrarse un arancel en función del destino de un vehículo ni restringirse el derecho al libre tránsito. Además, cuestionó el estado de las rutas provinciales y aseguró que gran parte de la red vial presenta deficiencias de mantenimiento y señalización que, según señalaron, han contribuido a la ocurrencia de siniestros viales en distintos puntos de la provincia.
Comunidad Organizada también apuntó contra la gestión del Fondo Provincial de Vialidad, al sostener que los recursos destinados a infraestructura vial no estarían siendo utilizados de manera eficiente para el mantenimiento y desarrollo de las rutas. Asimismo, criticó a la Dirección Provincial de Vialidad por la falta de controles de peso sobre el transporte de cargas.
En otro tramo del comunicado, el espacio político recordó que durante el debate por la licitación del área hidrocarburífera El Medanito había impulsado propuestas para que parte de los ingresos provenientes de la actividad petrolera fueran destinados obligatoriamente a obras viales. Según indicaron, esas iniciativas fueron rechazadas por el oficialismo.
La agrupación también sostuvo que cualquier sistema de peaje o canon debe estar acompañado por una contraprestación concreta en materia de infraestructura y servicios. En ese sentido, consideró que la iniciativa anunciada por el Gobierno provincial constituye una interferencia sobre actividades productivas vinculadas al desarrollo energético de otras provincias.
Por otra parte, Comunidad Organizada denunció una supuesta paralización del Consejo Provincial de Tránsito y advirtió sobre las consecuencias que, a su criterio, tiene la falta de políticas activas en materia de seguridad vial. Según expresaron, esta situación impacta tanto en la cantidad de siniestros como en los costos económicos para el sector público y privado.
Finalmente, el comunicado incluyó cuestionamientos al sistema de revisión técnica vehicular vigente en Santa Rosa. El espacio político sostuvo que continúan existiendo irregularidades vinculadas a la validez de las verificaciones técnicas emitidas a nivel local y responsabilizó por esta situación tanto al Gobierno provincial como al municipio capitalino.
