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VILLA MARÍA | Un video obtenido de redes sociales, al que accedió el fiscal de Instrucción de Casos Complejos, Enrique Gavier, mostró a los propios internos bailando, escuchando música y filmándose con celulares dentro de sus celdas, además de un televisor LED con acceso a internet a plena disposición dentro del penal. La escena, lejos de ser una excepción aislada, vuelve a poner en primer plano una pregunta que la sociedad argentina se hace hace años: ¿qué tipo de castigo es este, si quienes deberían estar cumpliendo una condena terminan teniendo acceso a tecnología, entretenimiento y hasta operaciones delictivas desde adentro de la propia cárcel?
Porque lo más grave del caso no es solo la existencia de celulares y televisores dentro del penal, sino que esos mismos elementos habrían sido utilizados para seguir delinquiendo desde la cárcel, mediante estafas virtuales cometidas a través de Facebook Marketplace, con múltiples víctimas afectadas fuera de los muros. Es decir, el sistema penitenciario, que debería garantizar el aislamiento y la reinserción social de quienes cometieron un delito, terminó convertido en una plataforma más para seguir estafando gente.
Las detenciones de esta causa, que además del director del penal, Américo Aciar, alcanzaron al subjefe de Operaciones, Edgar Ezequiel Arroyo, y al jefe de Seguridad, Néstor Gómez, dejan una pregunta incómoda flotando en el aire: si la propia cúpula del establecimiento estaba señalada como parte de la asociación ilícita, ¿quién controlaba realmente lo que pasaba puertas adentro? Según trascendió, el fiscal Gavier no descartó que los tres jefes penitenciarios detenidos hayan tenido participación directa en las maniobras delictivas y hasta hayan obtenido un rédito económico por permitir el ingreso de los celulares al penal.
En el marco de la causa se realizaron 38 allanamientos que derivaron en la detención de otras 17 personas, además de los tres jefes penitenciarios, y permitieron secuestrar seis millones de pesos en efectivo, armas de fuego y vehículos con pedido de secuestro. Cifras que confirman que no se trató de un hecho aislado, sino de una estructura delictiva organizada que operó con comodidad dentro de un establecimiento estatal.
Casos como este alimentan un reclamo que crece cada vez más fuerte en la sociedad argentina: la necesidad de un sistema penitenciario más estricto, con controles reales sobre el ingreso de tecnología y con condenas que efectivamente impliquen una restricción genuina de comodidades, en línea con lo que ocurre en la gran mayoría de los países del mundo. Mientras tanto, hechos como el de Villa María vuelven a poner en debate si el sistema actual realmente castiga el delito, o si termina, en los hechos, ofreciendo una plataforma más para seguir cometiéndolo.
