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NACIONALES | En medio del debate que generó su proyecto de ley dentro de su propio espacio político, la senadora nacional Carolina Losada (UCR) volvió a defender los fundamentos de la iniciativa que impulsa desde 2022 para endurecer las penas por falsas denuncias, particularmente en casos vinculados a violencia de género, abuso sexual y situaciones que involucren a menores de edad.
El proyecto, que cuenta con dictamen favorable de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, propone elevar las penas previstas en el Código Penal de 3 a 6 años de prisión cuando la denuncia falsa involucre estas temáticas, convirtiendo además al delito en no excarcelable. Según explicó la propia legisladora, el eje central de la propuesta está puesto en los casos donde exista "dolo directo", es decir, cuando una persona formula una acusación sabiendo que es falsa y con el objetivo específico de descalificar, deshonrar o dañar a otra persona.
Losada sostiene que este tipo de situaciones representa una carga extremadamente gravosa para quien es acusado injustamente, ya que además de tener que demostrar su inocencia enfrenta el riesgo de perder el contacto con sus hijos, ver comprometida su fuente laboral y cargar con estigmas sociales severos por un hecho que nunca ocurrió. La senadora remarcó en distintas oportunidades que, para ella, incluso un solo caso de falsa denuncia con consecuencias graves para el acusado ya justificaría avanzar con la sanción de la ley.
En esa línea, durante el tratamiento del dictamen en comisión, la legisladora radical sostuvo que las falsas denuncias "llenan de causas los tribunales y utilizan recursos del Estado, recursos que deberían ir a las verdaderas víctimas", en referencia al argumento de que un sistema judicial sobrecargado con denuncias falsas termina perjudicando a quienes sí atraviesan situaciones reales de violencia.
El proyecto también contempla sanciones para psicólogos y peritos que, según sostiene la autora de la iniciativa, puedan influir indebidamente en los testimonios de menores durante los procesos judiciales, un punto que sus impulsores consideran clave para garantizar la integridad de las pericias en casos sensibles.
La iniciativa cuenta con el respaldo de distintos bloques, entre ellos La Libertad Avanza y el PRO, además de sectores dentro del propio radicalismo. Entre quienes acompañan el proyecto también se encuentra la abogada María Fátima Silva, especializada en derecho de familia, quien participó activamente de las audiencias en comisión y planteó que las falsas denuncias pueden tener un efecto profundamente destructivo sobre los vínculos familiares, especialmente en el marco de conflictos de tenencia y régimen de visitas.
Desde el entorno de Losada también se ha señalado el caso del Frente de Mujeres contra las Falsas Denuncias, un espacio integrado por personas que se identifican como acusadas injustamente, que acompañó a la senadora en distintas actividades de difusión del proyecto a lo largo del país y que sostiene que este tipo de situaciones son más frecuentes de lo que reflejan las estadísticas oficiales.
El proyecto había perdido estado parlamentario en una instancia anterior, pero volvió a ser puesto a consideración y logró nuevamente dictamen favorable en comisión. Sus impulsores remarcan que la iniciativa no busca desalentar las denuncias genuinas, sino desincentivar específicamente aquellas formuladas con dolo, es decir, con pleno conocimiento de su falsedad y con la intención deliberada de perjudicar a otra persona.
El debate por la ley de falsas denuncias continúa abierto en el Senado, en momentos en que la iniciativa despertó posiciones encontradas incluso dentro del propio radicalismo, luego de que este miércoles integrantes de la Juventud Radical Nacional y la Franja Morada Nacional expresaran públicamente su rechazo al proyecto.
