Polémica con Niñez: aseguran que fueron particulares quienes pusieron la situación en conocimiento de la Justicia

GENERAL PICO | A partir de la información difundida en las últimas horas respecto del accionar de los organismos de Niñez de la provincia, InfoTec 4.0 consultó fuentes y documentación oficial que permiten reconstruir cómo se originó realmente la intervención judicial en el caso que generó polémica en los últimos días. De acuerdo con esas fuentes, no fue el organismo de Niñez quien detectó la presunta irregularidad y promovió su revisión judicial.

La secuencia habría sido exactamente a la inversa de lo informado oficialmente: fueron particulares quienes advirtieron posibles irregularidades en la actuación de la Unidad Local y pusieron la situación en conocimiento de la Justicia, solicitando que se efectuara el correspondiente control de legalidad.

Esta intervención ciudadana encuentra respaldo en el artículo 1 de la Ley Nacional 26.061, de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que habilita a todo particular a promover acciones administrativas y judiciales frente a la posible inobservancia de los deberes estatales destinados a garantizar esos derechos.

Según las fuentes consultadas, existen constancias oficiales que permiten reconstruir cronológicamente qué ocurrió, cuál fue la actuación inicial de la Unidad Local piquense y de qué manera la situación llegó posteriormente al ámbito judicial. El dato resulta relevante frente a la información oficial difundida en las últimas horas destacando la actuación de Niñez, porque la intervención de la Justicia no se habría originado en un mecanismo de control impulsado por el propio organismo, sino a partir de ciudadanos que cuestionaron precisamente la regularidad de una actuación administrativa. La diferencia no es menor.

La Ley 26.061 establece un sistema de protección integral en el que la ciudadanía también cumple una función esencial frente a posibles vulneraciones de derechos de niñas, niños y adolescentes, especialmente cuando lo que se encuentra bajo cuestionamiento es la actuación u omisión de los propios organismos estatales encargados de protegerlos.

Las fuentes y constancias oficiales consultadas permitirían así mostrar una secuencia diferente a la que podría desprenderse del discurso oficial: primero existió una actuación administrativa cuestionada; luego ciudadanos pusieron esa situación en conocimiento de la Justicia; y a partir de esa presentación es que se activó el control judicial.