Bebé de Rancul: 3 mujeres denunciaron al director de Niñez por amenazas y violencia institucional

SANTA ROSA | Tres mujeres, identificadas para preservar su intimidad como A.L.P., P.C.I.G.F. y M.S.R., formularon denuncias policiales por las amenazas, intimidaciones y situaciones de violencia institucional y de género que, según afirmaron, padecieron el 7 de septiembre de 2026 durante el procedimiento desplegado por la Dirección General de Niñez, Adolescencia y Familia.

Las denunciantes solicitaron que se investigue la responsabilidad del director general del organismo, Rodrigo Lofvall, tanto por su posible intervención directa como por las órdenes, instrucciones o directivas que pudieran haberse impartido al personal que actuó durante el retiro del bebé de Rancul.

La denuncia también comprende a los funcionarios, asesores legales, agentes, auxiliares y efectivos policiales cuya participación material o intelectual pueda determinarse durante la investigación.

Amenazas e intimidaciones dentro de la Dirección de Niñez

P.C.I.G.F. y M.S.R., integrantes de un estudio jurídico, denunciaron que fueron amenazadas verbalmente por un asesor legal o funcionario de la Dirección de Niñez cuya identidad todavía debe establecerse.

Según declararon, se encontraban en el organismo en representación del estudio jurídico y mantuvieron en todo momento una conducta pacífica, colaborativa y respetuosa. Pese a ello, el funcionario se habría dirigido hacia ellas mediante gritos, reproches y expresiones de tono intimidatorio.

De acuerdo con la denuncia, las responsabilizó por cualquier situación de peligro o violencia que pudiera producirse en la vía pública, incluso cuando ellas no se encontraban presentes en esos lugares. También las acusó de "darle esperanza a una familia" y de haberla colocado en una situación de tensión innecesaria.

Las mujeres afirmaron que las expresiones fueron pronunciadas con un tono y una intensidad suficientes para provocarles temor, angustia, humillación y padecimiento emocional.

También denunciaron que se les exigieron reiteradamente sus nombres, documentos, teléfonos y domicilios, aunque ya habían suministrado esos datos. Consideraron que esa conducta constituyó una nueva forma de intimidación y hostigamiento.

Violencia institucional y violencia de género

Las denunciantes sostuvieron que el funcionario habría utilizado su cargo, su posición de autoridad y la situación de vulnerabilidad en la que ellas se encontraban para denigrarlas, hostigarlas e intimidarlas.

Por ese motivo, solicitaron que los hechos sean investigados como posibles actos de violencia institucional, psicológica, verbal y de género.

El dispositivo policial preparado en la puerta que finalmente utilizarían para sacar al bebé del edificio

La presentación invoca la Ley Nacional 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la adhesión provincial mediante la Ley 2550, la Ley Micaela y los tratados internacionales de protección de los derechos de las mujeres.

También se mencionan la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención de Belém do Pará.

Las denunciantes pidieron que se determine si las expresiones intimidatorias pueden configurar amenazas en los términos del artículo 149 bis del Código Penal y si la actuación de los funcionarios puede encuadrar en abuso de autoridad o incumplimiento de los deberes de funcionario público, sin perjuicio de otras figuras que pudiera considerar aplicables el Ministerio Público Fiscal.

La denuncia de A.L.P.

A.L.P., integrante de la familia de contención que cuidaba al bebé de Rancul desde marzo, también denunció haber recibido un trato hostil, reacio y poco respetuoso por parte de funcionarios de Niñez y personal policial.

Según relató, la familia fue interceptada por efectivos policiales en la localidad pampeana de Eduardo Castex, sobre la Ruta Nacional N° 35, y obligada a detener el vehículo sin recibir inicialmente explicaciones concretas. Posteriormente, personal de Niñez procedió a trasladar al bebé en un móvil oficial.

La familia dentro del auto demorados en Castex

La mujer denunció que el niño fue transportado sin silla de seguridad infantil y llevado en brazos por una ruta nacional. También señaló que, una vez en la Dirección de Niñez, permaneció durante un tiempo prolongado sin información clara y que el bebé fue retirado de sus brazos con el argumento de efectuarle una revisión médica.

Afirmó que no se le permitió presenciar ese examen junto con sus representantes y que tampoco recibió un acta, certificado médico o constancia formal que documentara el estado de salud del niño al momento de la entrega.

Asimismo, denunció que se le impidió a J.A.D., esposo integrante de la familia de contención, ingresar para despedirse del bebé, pese a que esa posibilidad había sido acordada verbalmente con anterioridad.

El traslado desde Castex a Santa Rosa

Denuncia contra Rodrigo Lofvall

A.L.P. solicitó expresamente que se investigue al director general de Niñez, Adolescencia y Familia de La Pampa, Rodrigo Lofvall, por su posible intervención directa y por las órdenes, instrucciones o directivas que pudieran haberse impartido respecto del procedimiento y del trato dispensado a las mujeres.

La denuncia se hizo extensiva a todos los funcionarios, agentes y auxiliares del organismo que hubieran intervenido material o intelectualmente en los hechos.

También se pidió investigar al asesor legal que habría pronunciado las amenazas y al personal policial que participó tanto en Eduardo Castex como en las dependencias de la Dirección de Niñez.

Había cámaras y testigos

Las denunciantes dejaron constancia de que los hechos ocurrieron ante testigos y en dependencias que contaban con cámaras de videovigilancia, por lo que solicitaron la preservación inmediata de todas las filmaciones y registros de audio captados el 7 de septiembre entre las 18 y las 20 horas.

También requirieron la identificación de todos los funcionarios, asesores y agentes presentes, la nómina del personal policial que intervino en el procedimiento y la recepción de las declaraciones de todos los testigos. Asimismo, pidieron la incorporación de las actas, partes de servicio, comunicaciones y órdenes recibidas, la agregación del oficio mediante el cual se solicitó el auxilio de la fuerza pública, y la preservación de las pruebas antes de comunicar la denuncia a las personas investigadas, para evitar su pérdida, alteración o supresión.

Protección frente a posibles represalias

Las tres mujeres solicitaron que el Ministerio Público Fiscal ordene el cese de cualquier amenaza, intimidación, hostigamiento o represalia, directa o indirecta, que pudiera ejercerse contra ellas como consecuencia de la denuncia.

También reclamaron la reserva y confidencialidad de sus datos personales y de toda la información sensible relacionada con el bebé de Rancul.

Las denuncias quedaron sujetas a ampliación una vez identificados todos los intervinientes y recibidas las declaraciones de los testigos.

Los hechos y las responsabilidades deberán ser determinados por el Ministerio Público Fiscal. La denuncia constituye el inicio de una investigación y no implica, por sí sola, que las conductas atribuidas se encuentren acreditadas.