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El conflicto por el bebé de Rancul llegó este jueves al centro de la escena política provincial. Con un grupo numeroso de vecinos en las gradas, Ana Laura Pizzani, integrante de la familia que tuvo al niño bajo una medida de contención, fue recibida junto a sus acompañantes por la presidenta de la Cámara de Diputados, Alicia Mayoral, y representantes de los distintos bloques. Frente a ellos leyó un petitorio en el que reclamó la intervención de la Legislatura ante lo que consideró “irregularidades” en el funcionamiento del sistema de protección de niños, niñas y adolescentes de La Pampa.
El planteo apunta directamente a la estructura política que conduce el área. La familia pidió que se investigue la responsabilidad de funcionarios de la Dirección General de Niñez, Adolescencia y Familia y reclamó, en caso de que se consideren acreditados los hechos denunciados, la renuncia del ministro de Desarrollo Social y Derechos Humanos, Diego Álvarez; del subsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Juan Pablo Bonino; del director general de Niñez, Rodrigo Lofvall; de la asesora legal del organismo y de la defensora de Niñas, Niños y Adolescentes, Sofía Pérez Dupont.
El reclamo, por lo tanto, no se limita al procedimiento de entrega del bebé: cuestiona la conducción política e institucional del sistema provincial y pone la responsabilidad en la órbita del Gobierno de Sergio Ziliotto. La familia sostiene que durante todo el proceso no se habría garantizado de manera adecuada el interés superior del niño, principio que —según planteó Pizzani— debió orientar cada una de las decisiones adoptadas.
Uno de los principales puntos del petitorio está relacionado con el operativo del 7 de septiembre. Según relató Pizzani, esa misma mañana la familia había presentado un recurso administrativo solicitando la suspensión de la medida que disponía el egreso del niño. Sin embargo, alrededor de las 15, mientras regresaban hacia Rancul, fueron interceptados por la Policía Caminera en Eduardo Castex.
La familia sostiene que no se negó a entregar al niño, pero cuestiona que finalmente fuera retirado y trasladado en un vehículo policial. También afirma que no se les exhibió una resolución que estableciera con precisión el destino del niño ni un “plan de trabajo” para concretar la separación.
Otro de los cuestionamientos apunta a la falta de definición —según la presentación— sobre la modalidad, los tiempos, las condiciones y la gradualidad del egreso. La familia sostiene que la decisión administrativa que puso fin a la permanencia del niño con ellos no habría explicado suficientemente de qué manera se evaluó su interés superior ni cómo debía realizarse concretamente la transición.
En el petitorio también se menciona la intervención del representante de niñas, niños y adolescentes, Fabián Allara, quien había planteado que cualquier salida debía realizarse bajo una modalidad y un plazo determinados, con las garantías correspondientes y con intervención del Equipo Técnico Interdisciplinario. Según expuso Pizzani, ese planteo no habría sido resuelto antes de que se concretara el retiro.
Otro de los ejes centrales del reclamo es uno de los argumentos que atravesaron el caso: la supuesta imposibilidad de que una familia de contención pueda posteriormente adoptar al niño que tuvo a su cargo.
La familia pidió a los diputados que se identifique la norma provincial o nacional concreta que establece esa prohibición. En su presentación sostuvo que no encontró en la legislación pampeana una disposición que establezca expresamente que haber sido familia de contención constituya, por sí mismo, un impedimento autónomo para una eventual adopción.
Pizzani vinculó ese planteo con los artículos 22 y 601 del Código Civil y Comercial y sostuvo que, a su entender, las restricciones a la capacidad o los impedimentos para adoptar deben surgir de la ley. También mencionó que otras provincias cuentan con normas específicas que establecen incompatibilidades entre determinados sistemas de acogimiento y la adopción.
La familia pidió que, si efectivamente no existe una prohibición expresa en la normativa vigente, la Legislatura discuta una regulación clara para evitar que situaciones similares vuelvan a producirse.
El petitorio incluye además un apartado referido a la jueza Ana Clara Pérez Ballester. La familia aclaró que no pretende que la Legislatura revise decisiones judiciales, pero sí reclamó un análisis institucional de la actuación desarrollada en torno al caso.
En ese sentido, pidió que, si los legisladores consideran que pueden existir elementos compatibles con un eventual “mal desempeño funcional”, los antecedentes sean remitidos al Jurado de Enjuiciamiento.
El reclamo también incluye el pedido de una investigación administrativa o sumario, la evaluación de responsabilidades institucionales dentro del sistema de Niñez y la creación de una instancia legislativa que permita analizar el funcionamiento del sistema provincial de protección integral.
La familia pidió además garantías para quienes denuncien posibles irregularidades dentro del sistema de protección de derechos, seguimiento de las actuaciones y una audiencia para ampliar los fundamentos de la presentación.
El caso del bebé de Rancul se instala en la Legislatura no solamente por la disputa en torno a su destino, sino por un cuestionamiento más amplio: cómo actuó el Estado pampeano, qué procedimientos aplicó, qué normas utilizó para fundamentar sus decisiones y si en cada instancia se priorizó efectivamente el interés superior del niño.
La familia busca que las denuncias sean investigadas y que se determinen las eventuales responsabilidades políticas y administrativas que pudieran corresponder.
