INFOTEC 4.0
Durante la sesión ordinaria, la familia presentó la cronología de los hechos y los fundamentos de su reclamo por el accionar de los organismos provinciales de Niñez, Adolescencia y Familia. Entre los puntos planteados, señalaron que el niño quedó en poder del organismo de Niñez sin que se les informara su paradero, mientras que el recurso administrativo presentado continúa sin resolución.
También señalaron que permanece pendiente el pedido de suspensión del artículo 55 de la Ley N° 951 y que tampoco habría sido resuelta la petición formulada por el Ministerio Público.
Uno de los puntos centrales de la exposición estuvo relacionado con el traslado del bebé, de siete meses y medio, en un móvil policial durante un control caminero en Eduardo Castex.
Según planteó la familia, el procedimiento se realizó pese a que no se habían negado a entregar al niño y sin que se les exhibiera el acto administrativo que dispusiera la medida. En ese momento, según expusieron, permanecían pendientes de resolución tanto el recurso administrativo presentado como la impugnación judicial.
La familia consideró este episodio como uno de los hechos de mayor gravedad y pidió a los diputados que se investigue el accionar de los organismos que intervinieron en el procedimiento.
Otro de los ejes del reclamo estuvo relacionado con la situación jurídica de las familias de contención y con la existencia —según plantearon— de una falta de legislación específica que establezca expresamente la prohibición de que una familia que tuvo a un niño bajo ese régimen pueda posteriormente ser evaluada como familia adoptante.
En ese sentido, Ana Laura Pizzani y Joaquín Díaz aclararon que su presentación no pretende que la Cámara de Diputados avance sobre facultades que no le corresponden, sino que ejerza las atribuciones que la Constitución Provincial le confiere y que consideran aplicables a este caso.
Luego de la exposición se realizó un cuarto intermedio. Al retomarse la sesión, la familia hizo entrega formal del petitorio a la Cámara de Diputados.
En ese contexto, la diputada Sandra Fonseca, del bloque Comunidad Organizada, informó que junto a las diputadas Celeste Rivas y Noelia Viara y el diputado Maximiliano Aliaga había presentado un proyecto para solicitar el tratamiento sobre tablas, iniciativa que había sido reservada en Labor Parlamentaria.
Sin embargo, a partir del contenido del petitorio presentado por la familia, los distintos bloques acordaron avanzar en la creación de una comisión especial y específica para analizar las irregularidades denunciadas.
“Dadas las características y el petitorio contundente de la familia, integrada por Ana Laura Pizzani y Joaquín Alejandro Díaz, es que acordamos en Labor Parlamentaria armar una comisión especial y específica, que tenga en cuenta el Interés Superior del Niño, ya que como representantes del pueblo somos parte del sistema de protección y tenemos una corresponsabilidad”, manifestó Fonseca.
La legisladora sostuvo además que “esta Legislatura debe estar a la altura de las circunstancias” y señaló que existe un compromiso de los distintos bloques para analizar los hechos expuestos por la familia.
De esta manera, el reclamo por el bebé de Rancul tendrá ahora una instancia específica dentro de la Cámara de Diputados, donde se buscará analizar los procedimientos cuestionados y las presuntas irregularidades planteadas por la familia de contención.
