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Según relató la familia de Toay, Ciro llegó a sus vidas hace nueve años y creció junto a su abuela de crianza, sus tíos y el resto de sus familiares. “Vivió con nosotros toda su vida. Mi mamá lo llevó todos los días a la escuela, al pediatra, a sus actividades, lo durmió todas las noches y lo incluyó en todos los planes de su vida”, expresaron.
La familia sostiene que durante estos años la madre biológica mantuvo contacto con el niño bajo un régimen de visitas, pero asegura que el pasado 18 de agosto se lo llevó “de un momento para otro, solo con la ropa que tenía puesta y engañado”. Desde entonces, según su relato, Ciro habría sido cambiado de escuela, club y domicilio y se habría interrumpido el contacto con sus familiares de crianza.
Uno de los aspectos que genera mayor preocupación es que, siempre de acuerdo con lo manifestado por la familia, el niño habría pedido ayuda antes de que se concretara el traslado. “En su escuela habló con su directora y con su maestra y les pidió que lo ayudaran y que no permitieran que se lo llevaran”, señalaron. También afirmaron que intentó contar lo que estaba atravesando ante la Policía, publicó Revista Bife.
La familia asegura haber recurrido a organismos de Niñez en Toay y Santa Rosa, además de la Policía y la escuela, pero sostiene que no obtuvo una respuesta que permitiera resolver la situación.
“Queremos que Ciro sea escuchado”, insistieron. En ese sentido, reclaman que el niño pueda ser entrevistado por las autoridades competentes para conocer qué quiere, qué siente y qué necesita, y que cualquier decisión contemple su situación particular.
El planteo también incluye cuestionamientos al desempeño de los organismos que intervinieron hasta el momento. “Los días pasan y sus miedos crecen”, remarcaron, mientras reclaman una intervención que, según sostienen, debe poner en primer lugar los derechos y el interés superior del niño.
El reclamo aparece pocos días después de la fuerte controversia generada por el caso del llamado “Bebé de Rancul”, donde la familia de contención cuestionó públicamente el procedimiento llevado adelante por organismos provinciales de Niñez y reclamó respuestas sobre la actuación estatal.
En aquel caso, la familia sostuvo que el vínculo afectivo construido durante meses no fue considerado adecuadamente y cuestionó el operativo mediante el cual el niño fue separado de ellos. La situación derivó además en un reclamo político dentro de la Legislatura pampeana y en el impulso de una comisión especial para analizar las irregularidades denunciadas.
Los dos casos son diferentes y tienen recorridos administrativos y judiciales propios. Sin embargo, comparten un punto de tensión: familias que cuestionan la intervención de los organismos de Niñez y reclaman que la voz, las necesidades y el interés de los niños tengan un lugar central en las decisiones que los afectan.
En el caso de Ciro, la familia insiste ahora en que la prioridad es poder escucharlo y conocer su situación. “Queremos que Ciro sea escuchado”, repiten, mientras esperan una respuesta de las autoridades.
