Vergüenza nacional: Una marcha masiva, opacada por quienes eligieron las piedras

CONGRESO | La jornada había empezado con una convocatoria muy numerosa y con un reclamo concreto: el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario. Es un tema que alcanza a todo el país, también a la región, donde muchos jóvenes estudian en universidades nacionales como la UNLPam. Sin embargo, lo que quedó en las pantallas y en los titulares no fue ese pedido, sino las imágenes de piedras, gases y camiones hidrantes.

De acuerdo a lo informado, los disturbios comenzaron pasadas las 15.30, minutos antes del acto central, cuando un grupo de manifestantes, varios de ellos encapuchados, destrozó mobiliario de la plaza y arrojó cascotes y proyectiles hacia el Parlamento y el vallado. Según un relato, se trataba de unas 30 personas que llegaron con mochilas, martillos, piedras y gomeras. Se reportaron además fuegos artificiales y proyectiles que alcanzaron a periodistas, y los gases llegaron hasta el anexo de la Cámara de Diputados, donde afectaron a empleados.

Las fuerzas federales respondieron con gases lacrimógenos, camiones hidrantes y balas de goma. Según los datos que circularon, los heridos fueron cuatro agentes de Gendarmería, dos de Prefectura y dos de la Policía Federal. También se informó, sin precisiones, que los destrozos fueron estimados en unos 90 millones de pesos y que el Ministerio de Seguridad prepara una denuncia penal contra los detenidos.

Lo ocurrido merece una crítica sin ambigüedades. Tirar piedras a un efectivo, romper bienes públicos o lastimar a trabajadores y periodistas no es protesta: es violencia, y no representa a los miles de estudiantes, docentes y familias que marcharon en paz. Quienes eligieron ese camino también le hicieron un daño directo a la causa universitaria, porque desviaron la atención de un reclamo legítimo hacia el conflicto callejero. Los responsables de los hechos de violencia deberán responder ante la Justicia, como cualquier ciudadano, y las instituciones tienen el deber de garantizar tanto el derecho a manifestarse como la seguridad de quienes cumplen funciones en la calle.

Desde el Gobierno nacional, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, repudió los hechos y los atribuyó a “los mismos violentos de siempre” que, según su postura, quieren “imponer el caos”. Sin embargo, el material relevado por este medio no permite afirmar quiénes eran los responsables ni si hubo infiltración o una intención política organizada detrás de los incidentes: esas lecturas corresponden a posiciones políticas y no están probadas. Será la investigación judicial la que determine quiénes participaron y con qué objetivo.

Para completar el cuadro, hay otras miradas. Los organizadores iniciaron el acto central en otro sector de la plaza y sostuvieron que las fuerzas debían garantizar el desarrollo de la movilización, además de denunciar represión. El gobernador bonaerense Axel Kicillof participó de la marcha y cuestionó el ajuste a las universidades. Esas voces coinciden en que el reclamo de fondo sigue vigente, más allá de lo ocurrido frente al Congreso.