EL BANCO CENTRAL ACUSA A VENDEDORES DE FERTILIZANTES DE "MANIOBRA ESPECULATIVA"

La normativa que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) sancionó el jueves pasado, en reunión de directorio, fue dura pero quirúrgica. En esencia, obliga a los exportadores que tengan dólares en el exterior (comprados de distintas maneras) a usarlos para pagar sus importaciones, que hasta ahora venían realizando al tipo de cambio de oficial. Mientras un ahorrista particular pagaba más de 90 pesos para hacerse de hasta 200 dólares, y el MEP o Contado Con Liqui (CCL) estaban encima de 100, cualquier empresa que importara pagaba algo más de 70. Eran los únicos que accedían al dólar a ese valor.

La medida del jueves fue quirúrgica porque se basó en la información que el Banco Central cruza pero no difunde: la que surge del fuga de capitales 2015-2019 (más de u$s86.000 millones), y las operatorias del CCL y el MEP. La entidad que preside Miguel Ángel Pesce detectó que las mismas firmas que piden dólar importador a $71, lo compraron a menos de $20, $30 o $40 en la Era Macri, o desde $70 a $110 en el MEP y CCL durante el último año y medio.

En la fuga de capitales (más técnica y elegantemente, Formación de Activos Externos, FAE) del 2015-2019, los primeros 10 que figuran con compañías que habitualmente importan insumos, bienes intermedios o maquinaria. La lista es encabezada por Telefónica Móviles (con u$s1.248 millones), Pampa Energía S.A. (casi 904 millones), Western Union (876 millones), American Express, General Motors, Shell, Cervecería y Maltería Quilmes, Telecom, Cohen Sociedad de Bolsa y hasta la estatal YPF.

Con esa información en la mano, el BCRA tomó la medida. Llegó a evaluarse una más dura todavía: poner un cupo a los dólares para importaciones. Pero finalmente el directorio del Central se dio cuenta que era más efectiva la restricción que se impuso. El viernes dio resultado el nuevo esquema: la entidad se hizo de u$s 280 millones en el mercado, volviendo a ser compradora después de varias semanas. Pero el sábado ya se conoció la primera dificultad: los distribuidores de fertilizantes anunciaron que dejaban de vender, culpando a la nueva normativa.

Las voces de protesta desde el sector agropecuario no se hicieron esperar. Ayer mismo, la Federación Agraria Argentina (FAA) expresó su preocupación. El comunicado dice que "las medidas llegan en un mal momento para el sector agropecuario, puesto que los productores, en especial los pequeños y medianos, necesitamos ahora acceder a diversos insumos cuyos precios dependen del valor del dólar, y no nos los venden". Apunta también que los productores no tienen "stock de insumos, fertilizantes o agroquímicos".

Casi de modo simultáneo a las protestas, ayer desde el Banco Central se comunicaron con NA acerca del "ruido con la suspensión de venta de fertilizante que hicieron los importadores". Y apuntaron que "es todo maniobra especulativa. No hay ninguna medida del jueves que haya impactado sobre ese sector". Señalan que los vendedores de fertilizantes "quieren subir los precios aprovechando esta maniobra especulativa".

También recordaron que "no hay ninguna limitación para importar, de ningún tipo. No existen cupos, ni declaraciones juradas, ni administración ni compensación. El régimen de importación no tiene ninguna alteración". Desde la entidad que dirige Miguel Ángel Pesce apuntan que sólo se establecieron tres condiciones para el acceso al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

1- Si la empresa tiene Formación de Activos Externos líquidos, debe primero disponer de esos activos para el pago de las importaciones o deudas. Líquidos implica que no se mete con las inversiones productivas que se realicen sino con la disponibilidad de divisas que tiene.

2-Se extendió de 30 a 90 días la condición de no hacer CCL ni MEP, para el que acceda al mercado oficial. Son 90 días antes (para atrás se cuenta desde el 1º de abril) y 90 días después.

3- No haber disminuido la deuda comercial vigente al 1 de enero de 2020.

Fuera de estas condiciones quedan las importaciones pendientes por un monto de hasta u$s250.000, vinculadas en general a las pymes. (N.A)