El agresor de Romina no sale el 22 de febrero
Armando Agüero, fiscal de la Segunda Circunscripción Judicial, confirmó en declaraciones radiales que José Luis Soto, agresor de Romina Regis, la docente de Caleufú, no saldrá en libertad el 22 de febrero.
Según explicó al programa “Las dos verdades”, de Radio Mitre Santa Rosa, a Soto le extendieron la prisión preventiva por la amenaza de muerte por siete días más, hasta el 1 de marzo.
Además, el fiscal confirmó que Romina contará con custodia policial durante 90 días.
Agüero afirmó que “hoy a la mañana, muy temprano, a petición mía, el juez dispuso que para el caso que hubiera una liberación, se dispusiesen un montón de medidas restrictivas de contacto, de acercamiento y posibilidad de concurrir al mismo lugar del trabajo”.
“Y este es otro problema, durante un año, este señor estuvo detenido y sin embargo, podría acceder ahora al mismo lugar de trabajo donde está Romina, lo cual no es aceptable. Y también nos comunicamos con la Secretaría de la Mujer, para que se comunique con Educación y vea la posibilidad del traslado”, dijo Agüero.
El fiscal afirmó que las nuevas medidas contra Soto son “una restricción de acercamiento a una distancia no menor de 200 metros del domicilio particular, una prohibición de todo tipo de comunicación, por cualquier vía o medio con la víctima, una prohibición de compra o tenencia de armas, una custodia policial permanente, las 24 horas, para Romina Regis, durante 90 días y el botón antipánico y algún otro sistema como una tobillera para el imputado”.
Respecto a la denuncia que hizo Romina Regis el 4 de enero y que, como adelantó a Plan B, no figura en el sistema, Agüero adelantó que el agresor José Luis Soto no saldrá en libertad el 22 de febrero. “Soto no va a salir, porque tiene una prisión preventiva, como consecuencia de esa denuncia. A esto lo dispuso otro juez”, aclaró. “En el caso de juez Pascual, puso las medidas que mencioné antes, por 90 días, donde tienen que aparecer ahora otros operadores: La Secretaría de la Mujer, asistentes sociales municipales o el ministerio de Educación, porque no puede ser que ella trabaje en el mismo lugar que el agresor. Estos actores deberán acompañar y abordar la problemática que tienen Romina”, afirmó el fiscal.
Gentileza: Plan b