Tarjeta AlquilAr: la propuesta de las inmobiliarias para que el Estado ayude a quienes no pueden pagar la vivienda
Plantean también planes de cuotas para las deudas y reactivación del ProcreAr. Piden además que no se prorrogue el congelamiento de alquileres, tras el lanzamiento del nuevo registro.
El nuevo registro de propiedades alquiladas generó un fuerte rechazo de los propietarios y gran respaldo de los inquilinos. En este contexto, las inmobiliarias reclamaron que no se vuelva a prorrogar el congelamiento de alquileres que vence el 31 de marzo y como solución al problema habitacional lanzaron una serie de propuestas, entre ellas la creación de una tarjeta AlquilAr, al estilo de la AlimentarAr, para que el Estado ayude a las familias que no pueden afrontar ese gasto.
A través de la tarjeta AlimentAr, el Ministerio de Desarrollo Social destina $6000 a quienes tienen un hijo y $9000 para aquellos que con dos o más, de forma de completar los ingresos de las familias de menores recursos y que puedan acceder a una canasta alimentaria. Si la idea de las inmobiliarias es recrear ese mecanismo para el pago del alquiler, la propuesta es que el Estado aporte entonces una suma fija mensual para aquellas familias con problemas habitacionales.
“Proponemos que los inquilinos con necesidades para abonar el alquiler puedan ser asistidos por el Estado Nacional a través de una ´tarjeta AlquilAR´, de la misma manera que hace con las familias en sus necesidades alimenticias a través de distintos programas, como por ejemplo la tarjeta AlimentAR”, señaló el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de Argentina (CoFeCI) en un comunicado.
Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de ArgentinaProponemos que los inquilinos con necesidades para abonar el alquiler puedan ser asistidos por el Estado Nacional a través de una ´tarjeta AlquilAR´
Al respecto, la entidad aseguró que “esta iniciativa podría ayudar de manera específica a cada inquilino en situación vulnerable, sin perjuicio de distorsiones en todo el sistema de alquileres”.
Sucede que al congelamiento en el precio de los alquileres a los propietarios se les podrían sumar costos adicionales por declarar propiedades arrendadas que actualmente están fuera del radar de la Administración Federal de Ingresos Público (AFIP), al tener que facturar y comenzar a pagar tributos como Ganancias, Ingresos Brutos o Bienes Personales.
La propuesta de las inmobiliarias
- Una vez vencido el plazo del decreto 66/2021 que congela el precio de los alquileres hasta el 31 de marzo, no se lo vuelva a prorrogar.
- Aplicar programas de financiamiento ahora 18 y 24 para los inquilinos que hayan generado deudas durante la prórroga del DNU vigente.
- Crear una tarjeta AlquilAr para que el Estado aporte una suma fija mensual a las familias con problemas habitacionales.
- Incentivar la construcción de nuevas viviendas a partir de la eximición de impuestos nacionales y provinciales a las unidades habitacionales de hasta 60m2 destinadas para alquiler, que se construyan por el término de nueve años.
- Reactivación de la entrega de las viviendas de los distintos programas nacionales, como ProcreAr o similares, que posee miles de unidades habitacionales construidas listas o a terminar para ser habitadas.
Los argumentos
En el comunicado, titulado “Los inmobiliarios de Argentina somos parte de la solución”, el CoFeCI subrayó que “en la República Argentina, la pandemia ha transformado la realidad de todos” y que eso motivó que haya “personas y familias que viven situaciones delicadas, con pérdidas de la fuente laboral, acumulación de deudas y sin acceder a soluciones reales”.
“De acuerdo al relevamiento realizado por los distintos Colegios Profesionales, en Argentina, casi el 90% de los inquilinos pagan en término el alquiler, otros lo hacen con retraso y solo un 5% ha adherido a la propuesta del DNU para prorrogar el pago de sus obligaciones”, detalló la entidad.
“Por lo tanto, desde CoFeCI, entendemos que continuar con la prórroga indefinida del DNU con las actuales condiciones establecidas profundiza la problemática de los inquilinos, propietarios e inmobiliarios, generando una incertidumbre angustiante”, enfatizó. Y consideró que “una medida excepcional para una emergencia no puede prolongarse en el tiempo porque termina resultando contraproducente respecto a los objetivos por los que fue creada”.
En cuanto a la propuesta de reactivación de la construcción a través de incentivos impositivos, opinó que “sería el aporte fundamental para disminuir el déficit habitacional, generando además mano de obra genuina, colaborando con la disminución de la desocupación y promoviendo la utilización de compra nacional”.
Mientras que la entrega de viviendas ya construidas dijo que “impactaría de manera muy positiva en las familias que siguen pagando alquiler mientras esperan acceder a la vivienda prometida”.
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