Desde que se dictó el Aislamiento Social y Preventivo Obligatorio (ASPO) allá por el mes de marzo de 2020, la provincia de La Pampa ha pasado por diversas etapas de la cuarentena. Sin embargo, a diario la Policía de La Pampa notifica a personas que incumplen con las medidas sanitarias dictadas por el Ejecutivo provincial y deriva las actuaciones a la Justicia.

En la Primera Circunscripción -con cabecera en Santa Rosa- el número de causas judiciales por este delito, contemplado en el artículo 205 del Código Penal, no ha parado de crecer. Según informaron fuentes judiciales a LA ARENA, hay 11.250 expedientes correspondientes al incumplimiento de la cuarentena. En ese sentido, detallaron que en 2020 se tramitaron 6.500 legajos, mientras que desde el 1° de enero al 31 de mayo de 2021 se iniciaron 3.700 causas. En tanto, desde el 1° de junio al 19, se iniciaron 700 causas y otros 350 están pendientes de carga.

De todas maneras, las fuentes consultadas remarcaron que son número aproximados porque aún hay «aspectos a verificar. Más allá de que son aproximados, son números de legajos que ya creamos, siempre hay más por crear. Dentro de cada uno hay 20, 30 y hasta 100 infraccionados, por lo que el número de infracciones se multiplica y es mucho mayor».

Más de $5 millones recaudados.

Por otro lado, indicaron que hasta el momento en la Primera Circunscripción se recaudaron $ 5.500.000. Se trata de una cifra que fue depositada en las arcas provinciales por el Ministerio Público Fiscal y se corresponde con los registros que poseen en la Justicia hasta el momento, por lo que pueden variar con el correr de las semanas. La suma se recaudó a través de las salidas alternativas aplicadas para solucionar las causas por incumplimiento de los artículos 205 y 239 del Código Penal, donde se tipifica el delito en el que incurre una persona al violar las medidas sanitarias dispuestas por el Gobierno nacional y provincial, que se habilitaron a través de la Resolución N° 39 de la Procuración General.

Tal como se ha aclarado en más de una oportunidad, no en todas las causas se puede acceder a una salida alternativa al proceso que implique una reparación de tipo económica que tenga un destino social. Esto se debe a que "es una decisión del Ministerio Público Fiscal, más allá de la voluntad de la persona de reconocer lo sucedido y de afrontar una multa de esta índole".

La posibilidad de acceder a esta vía también depende de la gravedad del delito. Las fuentes consultadas remarcaron que «puede haber variantes» y que hay causas en las que no hay posibilidad de "ninguna salida alternativa", por lo que la o las personas imputadas deben afrontar un juicio. "Depende mucho de los antecedentes de la persona y la magnitud de lo sucedido", enfatizaron.