En el año 2017 el Poder Ejecutivo Provincial creó una comisión para el estudio y la elaboración de un Proyecto de Ley de Procedimiento Penal Juvenil de La Pampa, comisión interdisciplinaria integrada por representantes de los tres poderes del Estado y diversas organizaciones no gubernamentales.

Andrea Valderrama, como miembro informante de la UCR, expresó "Tuve el honor de participar en la Comisión redactora, en dicha oportunidad, como asesora del en aquel entonces diputado, Abel Sabarots, quien había sido designado en representación de esta legislatura como miembro suplente".

La Legisladora reconoció a todos los que participaron en la elaboración de este Proyecto, "producto del debate y del arduo trabajo de manera mancomunada han logrado la elaboración de esta norma superadora, con la que desaparece el paradigma tutelar de la anterior Ley provincial 1270 y han dando paso al de protección integral de derechos; se adecua así la ley provincial a nuestra Constitución Nacional y  los tratados internacionales ratificados,  a la jurisprudencia especializada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a los informes especializados tanto de organismos convencionales como de otros actores sociales de relevancia en la materia,; como así también se compatibiliza e integra con el Sistema de Promoción y Protección Integral previstos por las Leyes Nacional 26061 y Provincial 2703".

La nueva Ley establece un proceso judicial con garantías, donde la regla será la aplicación de medidas no privativas de la libertad desde un abordaje multidisciplinario, brinda las herramientas necesarias para garantizar la resolución de conflictos de forma tal que los jóvenes involucrados puedan insertarse nuevamente en la sociedad, con el propósito de lograr la mayor reducción posible de los daños producidos por sus conductas, pero a su vez disminuir la repetición de acciones socialmente dañosas, evaluó Valderrama. 

La diputada explicó en el recinto que entre varios institutos y figuras procesales propios de la especialidad se incorporaron en esta norma algunos que son dignos de destacar como, la ratificación de la necesidad de privar de la libertad como última herramienta que siempre sea revisable y sustituible, surge la figura del facilitador y de la oficina de resolución alternativa de conflictos a quien se podrá requerir su intervencion en cualquier instancia del proceso hasta el auto de elevación a juicio, la participación de las víctimas y organismos de la comunidad en todo el proceso, y esencialmente el derecho de las/os adolescentes de ser oídas/os y que sus opiniones sean tenidas en cuenta, haciéndolos parte del proceso y de la solución como verdaderos sujetos de derecho, otorgándoles la posibilidad de participar activamente en todo el proceso para comprender las consecuencias que sus conductas hubiesen producido sobre otras personas.

Valderrama expresó que para lograr la implementación de todas estas herramientas será precisa una adecuación de la estructura judicial, que las y los profesionales que ejerzan sus cargos en el nuevo sistema, cumplan con el requisito de especialización en materia de niñez y adolescencia.

"Celebramos que hoy estemos votando esta ley innovadora, que tiene como propósito dar respuestas desde el sistema penal, previendo instancias de mediación,  y/o procesos restaurativos en beneficio de la comunidad y permitiendo un abordaje multidisciplinar, para lograr así que los jóvenes en conflicto con la ley penal gocen de todos los derechos y las garantías constitucionales" concluyó la radical.