La Pampa: comenzó hoy el juicio contra un sacerdote por abusar sexualmente de un menor
Hoy comenzó, en el Centro Judicial de Santa Rosa, el juicio oral contra Hugo Edgardo Pernini, quien está acusado del delito de abuso sexual simple, gravemente ultrajante y con acceso carnal, agravados todos por ser ministro de un culto religioso, todo ello como delito continuado. La presunta víctima es una persona que, al momento de los hechos, tenía 17 años.
El proceso está a cargo del juez de audiencia santarroseño, Gastón Boulenaz, y en él participan el fiscal Walter Martos, la defensora particular Vanessa Ranocchia Ongaro y las defensoras oficiales Carolina Muñoz y Paula Arrigone, como patrocinadoras del damnificado, quien interviene como querellante.
Pernini , de 63 años, está imputado de haber abusado sexualmente de un joven de 17 años, entre mayo de 2007 y marzo de 2008, en el predio de la iglesia Nuestra Señora de Luján, ubicada en Lope de Vega y Leguizamón, en Santa Rosa, donde residía porque era el sacerdote que estaba a cargo del templo.
En la jornada inicial -que se extendió hasta las 15.30- declaró la víctima y otros seis testigos; en tanto el acusado prefirió abstenerse, al menos en este momento del proceso. En el instante en que se sentó frente al juez para dar sus datos personales, y cómo se desconocía si testificaría o no, el damnificado debió salir de la sala de audiencias. En cambio, cuando la víctima dio su versión de los hechos –en condición de testigo–, ambos estuvieron frente a frente.
Para mañana están previstos ocho testigos, para el jueves once y para la próxima semana los 17 restantes, divididos en dos días. En principio, los alegatos finales se escucharán el martes 23.
El juicio, a pedido de la defensa, estará dividido en dos partes. Ello significa que, cuando Boulenaz dicte la sentencia, solo dirá si el acusado es condenado o absuelto y, en caso de que se habilite la imposición de una pena, habrá una segunda parte para fijársela. Es lo que se conoce como juicio de cesura y su procedimiento cabe cuando la sanción máxima –según los hechos imputables– supere en teoría los seis años de prisión.
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