La Administración Federal de Ingresos Públicos realizó el mayor decomiso de granos en la historia del organismo. En un solo procedimiento realizado por la Dirección General Impositiva (DGI), el organismo secuestró más de 8.100 toneladas de maíz que se encontraban almacenadas en distintos depósitos del puerto de Campana, provincia de Buenos Aires, sobre el río Paraná. La empresa pretendía exportar la mercadería en barcazas a Uruguay.

La operación que se pretendía concretar consistía en embarcar el maíz, que aparentemente no sería de calidad para la producción de aceite sino destinado a alimento de animales, para su traslado a la costa litoraleña de Uruguay. Tal como toda la operación desde su origen hasta la llegada a Campana, su traslado a Uruguay iba a realizarse en forma irregular, burlando los controles a través de documentación apócrifa. Se trata, por lo tanto, de una maniobra de defraudación fiscal y contrabando.

Las 8.100 toneladas decomisadas por el organismo equivalen a la carga de unos 300 camiones. El valor de mercado del maíz decomisado supera los 160 millones de pesos, de acuerdo a los precios de plaza vigentes. La evasión estimada con la operatoria desarticulada por la DGI-AFIP supera los 65 millones de pesos.

La investigación comenzó tres meses atrás, cuando una de las áreas operativas especializadas en la fiscalización de la cosecha de granos detectó indicios de una operación fraudulenta. La primera medida que tomó la DGI fue la interdicción de los granos para investigar el origen de las 8100 toneladas de maíz.

Las áreas operativas del organismo solicitaron información sobre los productores que enviaron el maíz al exportador de manera directa a Campana, al detectar ciertas inconsistencias respecto del origen de los granos.

La pesquisa permitió detectar que los productores que declaraban ser los titulares de la mercadería enviada carecían de capacidad económica y operativa para llevarla a cabo por sí mismos. También se identificaron productores que habían sido inscriptos recientemente en los registros que no podían justificar el cereal de la campaña comercializada. Además, se constató la adulteración en cartas de porte utilizadas.

Las cartas de porte son la documentación obligatoria que debe respaldar el transporte de granos dentro del país, que al momento del operativo se confeccionaban en formato papel. Desde el 1º de noviembre esa documentación fue digitalizada para, entre otras mejoras, dificultar este tipo de maniobras.

A partir de la verificación y el control de la documentación que realizaron los agentes de la DGI-AFIP, y ante la evidencia de las irregularidades, se procedió a la interdicción de los más de 8100 toneladas de maíz, que se concretó en galpones de un depósito fiscal en el puerto de Campana. La interdicción supone la incautación de la mercadería por parte de la autoridad de aplicación, y la privación al supuesto titular del derecho de disponer de la misma.

La reciente implementación de la carta de porte electrónica y los controles satelitales en desarrollo pretenden potencial la investigación y fiscalización sobre estas maniobras de desvío de beneficios, precisamente, en el principal núcleo generador de riqueza del país.