La diputada expresó: “Una vez más el gobierno demuestra su desarticulación entre los organismos del Estado provincial y municipal en la atención a niños, niñas y adolescencias” y agregó “Lo vengo sosteniendo hace muchos años, no hay Sistema de Protección posible que actúe con enfoque preventivo si no activamos nuestros Consejos Locales de Niñez en nuestras localidades" aseguró.

Recordó que en Santa Rosa el gobierno de Di Napoli rechazó el proyecto de ordenanza de la Concejal Fabiana Castañeira, por la que se buscaba la adhesión a la ley provincial 2703 del Sistema de Protección Integral de Derechos para la Niñez y la Adolescencia "el Intendente se negó a asumir la responsabilidad como gerente social del Sistema de Protección de derechos de la localidad –por ser estos el nivel más próximo a la población-, y es quien debe convocar a la red de todas las instituciones de las infancias, no solo para la promoción de los derechos, sino para la restitución de los derechos de la niñez y adolescencia que los tienen vulnerados, como en este caso”.

Al respecto la diputada manifestó “Actualmente se encuentra sin tratamiento por decisión política el proyecto de Ley que crea el Registro Provincial de abogado del niño, niña y adolescentes, este proyecto lo he presentado legislativamente en diferentes años con nuevos aportes, hoy demorado en una comisión.” 

Fonseca manifestó  “En el mismo sentido hemos puesto en evidencia que la Provincia de La Pampa es una de las pocas provincias que aún no tiene la línea telefónica 102 para denuncias de vulneración de los derechos de niñas, niños y adolescentes; que tal vez habría actuado y evitado esta tragedia, este es otro proyecto de ley que desde nuestro espacio estamos impulsando en la legislatura pampeana”. 

Finalmente la funcionaria legislativa reiteró la urgencia para avanzar en estas problemáticas con políticas de Estado sólidas y consensuadas  “Es necesario que temas  donde se involucra a nuestros niños sean tratados con la celeridad que merecen, más allá  de quien lo proponga. Se deben  acortar  los plazos  para que no sea el Estado quien vulnere aún más los derechos de nuestras infancias y adolescencias.” concluyó.