El nuevo proyecto habilita a la Secretaría de Energía a avanzar con la creación de un Registro de Capacidad Económica de Usuarias y Usuarios de Servicios Públicos como instrumento para la evaluación y valoración de precios y tarifas.

El texto en danza establece que el Gobierno tendrá que cumplir dos funciones salientes. La primera consiste en “generar mecanismos de eficiencia creciente en la asignación de los recursos públicos desarrollando mecanismos que asignen manera focalizada los subsidios tarifarios a la demanda de los usuarios y de grupos sociales que efectivamente lo necesiten”.

La segunda tarea asignada es la de “ejecutar un proceso de segmentación de precios y tarifas en función de las características y capacidades socioeconómicas, patrimoniales, regionales y de nivel de ingresos de los usuarios”. Para alcanzar este objetivo, las autoridades de Energía deberán tener en cuenta “el impacto de las condiciones climáticas de cada región o provincia, su nivel de desarrollo económico, la situación socioeconómica de sus habitantes y los perjuicios que provoque la imposibilidad de acceso a los servicios públicos”, precisó el portal Letra P.

Hasta ahora no se conocen mayores precisiones sobre los porcentajes de aumentos y la cantidad de clientes que se verán afectados por la reducción o eliminación de los subsidios que reciben actualmente.

Con el envío del proyecto de ley al Congreso, la administración de Alberto Fernández busca ahora que los bloques legislativos de Juntos por el Cambio se vean involucrados en la cuestión y no tengan otra alternativa que avalar los cambios y aumentos que sobrevendrán con la segmentación tarifaria. De esa manera, el costo político que implicará la decisión de quitar subsidios y ajustar tarifas sería compartido con la oposición y no recaería por completo sobre las espaldas del Gobierno.