En la "guerra a la inflación", el Gobierno redobló sus balas contra el campo
Tal como se esperaba, finalmente el Gobierno subió las retenciones pero dijo que solo afectará a 11 grandes empresas y que así bajarán los precios. Fue la primera “bala” antiinflacionaria que anunció el Presidente el viernes. Faltan otras.
La primera bala que disparó el Gobierno en su guerra antinflacionaria no tuvo sorpresas. Tal como se esperaba confirmó un aumento a las retenciones para la harina y el aceite de soja y la creación de un Fondo de Estabilización del Trigo mediante los decretos 131 y 132 que fueron publicados ayer mismo en el Boletín Oficial. Fue la primera balacera.
Cerca del mediodía el ministro de Agricultura, Julián Domínguez confirmó esas medidas y enfatizó que no afectará a los productores pero sí a unas 11 empresas exportadoras. Con esa artillería el presidente Alberto Fernández espera, tal como anunció en su mensaje de 18 minutos el viernes pasado, contener la inflación estaría en torno al 55% este año de acuerdo con los relevamientos del Banco Central. De hecho, en lo que va de este año, los precios ya treparon cerca del 15% de la mano de los aumentos en las tarifas, los combustibles pero sobre todo de alimentos y bebidas que desde antes de asumir este Gobierno marcan subas superiores a la media cada mes.
Los anuncios seguirán el lunes y el martes cuando le tocará el turno al ministro de la Producción, Matías Kulfas y el martes el Gobierno convocará a la Mesa Económica y Social.
Con este menú de opciones, el Presidente busca ponerle el cascabel al gato: la inflación, la principal preocupación de los argentinos en todas las encuestas y a la que este Gobierno prometió combatir cuando asumió, hace ya dos años. Saldada la discusión en torno a la aprobación por parte del Congreso del acuerdo con el FMI, que recrudeció tensiones dentro de la coalición de Gobierno, el Presidente busca hacer borrón y cuenta nueva y aunar filas en la guerra contra la inflación.
En la práctica, hasta ahora no logró avanzar en ese combate. También ayer, el FMI anunció que el viernes 25 analizará el caso argentino y difundirá un mensaje pidiendo mano dura contra la inflación. Es que la letra nacional para encorsetar la suba de precios no convence a muchos y por eso el Gobierno busca fuera de sí, un culpable. Las balas van en esa dirección.
Con los anuncios de Domínguez se concentraron los disparos sobre el campo. Un sector con el que el Gobierno tiene la soga más tensa desde sus comienzos y, con la suba de las retenciones no puso paños fríos.
De hecho no se levantaron las asambleas de productores que se realizaron el fin de semana y la Mesa de Enlace prevé reuniones con los dirigentes de Cambiemos la semana próxima en el Congreso. De hecho, desde la Mesa de Enlace consideran inconstitucional las retenciones y ese pedido ya transita un camino judicial que llegará a la Corte.
En la industria, agrupada en el Consejo Agroindustrial, se concentran hoy las caras largas y hubo un pronunciamiento duro en esta entidad. En el sector agropecuario sostienen que esta nueva modificación en retenciones involucra recursos por 400 millones de dólares y que la paciencia en torno a la presión tributaria sobre el sector se agota.
En el Gobierno miran otra película. Identifican en la tranqueras avaricia y evasión tributaria. Tal vez por eso, ayer las medidas publicadas en el Boletín Oficial se anclaron en el argumento de “mitigar el impacto de la situación” en Ucrania y evitar que la guerra afecte a los precios locales de los alimentos. Tal como estaba previsto, el texto estableció que a partir de ahora y hasta el próximo 31 de diciembre se incrementa la alícuota del derecho de exportación que pagan determinados alimentos, entre los cuales están la harina y el aceite de soja, que pasarán a abonar del 31% al 33%. En los escritos, las autoridades nacionales sostuvieron que “la invasión de la Federación de Rusia a Ucrania ha afectado en forma significativa el abastecimiento global de productos agrícolas”.
“Ambas naciones aportan a la seguridad alimentaria total mundial el 28% del comercio internacional de trigo, el 19% del de maíz y el 78% del de aceite de girasol, afectando, particularmente, a dichos mercados, impactando sus precios internacionales y alcanzado alzas históricas”, señaló el Gobierno.
En la conferencia de prensa, Domínguez insistió en que “el Presidente (Alberto Fernández) nos pidió defender a los consumidores sin perjudicar a los productores”, tras definir al campo como “la gallina de los huevos de oro” en el país.
Y detalló: “Esta medida alcanza a once empresas exportadoras de su producto de la soja, de las cuales ocho representan el 95% del total de las exportaciones”.
“Respecto a los productores argentinos que han provocado una cosecha récord en trigo, hemos decidido con el propósito de captar los precios internacionales de esta coyuntura histórica abrir los registros de exportación de la cosecha 22/23 por un total de 8 millones de toneladas de trigo, que se suman a las 2 millones de toneladas ya autorizada”, indicó Domínguez.
Los pasos
Viernes. El presidente, Alberto Fernández, anunció la “guerra contra la inflación” con pocas balas. Fue en un mensaje de 18 minutos que el primer mandatario grabó desde Olivos y luego coronó con una foto junto al gabinete económico, en la que no participaron ni el secretario de Comercio, Roberto Feletti, ni el de Energía, Darío Martínez.
Sábado. En el Boletín Oficial, el Gobierno formalizó el aumento a las retenciones para la harina y el aceite de soja y la creación de un Fondo de Estabilización del Trigo. Ayer por la mañana el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, en conferencia dijo que la suba de retenciones “no afectará a los productores” y solo 11 empresas están alcanzadas.
Lunes. El lunes será el turno del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, de dar una conferencia de prensa en la que se esperan anuncios vinculados con las pymes y el sector productivo para contener la inflación que en dos meses rozó el 10% según el INDEC.
Martes. El Gobierno anunció que el martes convocará a la Mesa de Acuerdo Económica y Social que reúne a funcionarios, referentes de los sectores empresariales y también representantes de los gremios. Buscarán acordar políticas de mediano plazo para encorsetar la suba de los precios en las góndolas.
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