La CCC afirma que los aportes son voluntarios
La Corriente Clasista y Combativa realizó en los últimos días una asamblea general de la mesa de Santa Rosa, realizada en su sede provincial, y resolvió reivindicar su línea "de trabajo, lucha, independencia y auto sostenimiento camino a un trabajo genuino". La dirigencia y militancia de la CCC volvió a rechazar y denunciar una campaña de hostigamiento y persecución a partir de las denuncias acerca de que algunas organizaciones sociales retienen parte de los planes a sus miembros, consignó El Diario.
La Corriente Clasista y Combativa señaló que es "una organización con una línea de democracia directa que permite que cada compañero/a tenga voz y voto en la vida cotidiana de la organización. Las decisiones son tomadas en conjunto en las asambleas y plenarios".
En ese sentido, sostuvo que "para ser independientes políticamente hay que tener independencia económica, por eso quienes conforman la organización aportan voluntariamente y participan de actividades para sostener al movimiento". "Siguen peleando por tierra, techo y trabajo para todos los que habitan nuestro suelo, y siguen peleando la unidad de los movimientos sociales", añadió.
Como resultado de la asamblea, la CC declaró que "no van a ceder a esta presión para que abandonen la lucha, ni dejarles el camino allanado para que puedan continuar con esos planes que iniciaron en 2015 de entregar la soberanía nacional, nuestros recursos y el futuro de nuestro pueblo".
"Le dicen "Basta!" a esta persecución y hostigamiento judicial y mediático que está impulsando el macrismo y van a trabajar activamente para evitar que esos fugadores y endeudadores seriales vuelvan a gobernar nuestro querido país", cerró.
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La familia de contención llevó el reclamo a la Legislatura pampeana y reclamó investigar el accionar del sistema provincial de protección de derechos. Ana Laura Pizzani leyó un extenso petitorio en el que cuestionó el procedimiento utilizado para retirar al niño, denunció irregularidades administrativas y pidió la salida del ministro de Desarrollo Social, Diego Álvarez, y de otros funcionarios. También reclamó revisar la actuación institucional vinculada al caso.