El Pro pampeano repudió los dichos de Alberto Fernandez sobre los fiscales Nisman y Luciani
Los diputados Matías Traba (MID) María Laura Trapaglia, Eduardo Pepa y Martín Ardohain (PRO) mediante un proyecto de resolución, manifestaron que “El Art. 109 de nuestra Constitución Nacional indica que en ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas. Estas amenazas y provocaciones son una barbaridad, de una irresponsabilidad nunca vista en la Argentina y están completamente fuera de lugar. La palabra presidencial como también el uso de los canales y/o cuentas oficiales tienen un importante peso institucional y por ello, es necesario que se haga un uso responsable de los mismos”
Por su parte, el presidente del Pro en La Pampa, Enrique Juan expresó que “como espacio político PRO La Pampa, estamos comprometidos con el cuidado de la República, convencidos que la independencia de los poderes, a través de sus instituciones, deben ser los garantes de un régimen democrático. Consideramos que el Presidente y sus recientes declaraciones sobre el Fiscal Luciani constituyen una peligrosa amenaza que busca amedrentar a la Justicia.”
“Días pasados el respaldo de algunos sectores y en particular de un grupo de Intendentes Pampeanos primero y posteriormente por el Consejo Provincial PJ presidido por nuestro Gobernador, va en sentido contrario a la necesidad de vivir en una sociedad donde la equidad en el trato y la libertad de las instituciones actúen sin injerencias.”
“Es momento de contribuir a la paz social y claramente esta situación no aporta nada en ese sentido.” finalizaron.
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La familia de contención llevó el reclamo a la Legislatura pampeana y reclamó investigar el accionar del sistema provincial de protección de derechos. Ana Laura Pizzani leyó un extenso petitorio en el que cuestionó el procedimiento utilizado para retirar al niño, denunció irregularidades administrativas y pidió la salida del ministro de Desarrollo Social, Diego Álvarez, y de otros funcionarios. También reclamó revisar la actuación institucional vinculada al caso.