Ecuador dilata el asilo político pedido por Argentina para una ex ministra de Correa sentenciada por corrupción
Hace casi una semana, la Cancillería solicitó al gobierno de Lasso una reunión técnica para ajustar los detalles del eventual salvoconducto en beneficio de María de los Ángeles Duarte Pesantes, pero hasta el momento Quito ratificó su rechazo a la iniciativa de Alberto Fernández
Ya pasaron cinco días del pedido del gobierno argentino a Ecuador para que se lo otorgue asilo diplomático a María de los Ángeles Duarte Pesantes, ex ministra durante el mandato de Rafael Correa, condenada a 8 años de prisión por hechos de corrupción.
La Cancillería tramitó a través del embajador en Quito, Gabriel Fuks, una reunión de equipos técnicos y jurídicos con funcionarios de ambos países para el lunes 12 de diciembre. La respuesta todavía no llegó y nadie sabe en el Palacio San Martín si la resolución algún día llegará.
Esa reunión es clave para determinar las condiciones del salvoconducto -fecha de salida, cómo llega a la Argentina y qué sucede con su familia-, pero el silencio de la diplomacia local permite entender que todos los trámites han sido -de hecho- frenados.
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, no tiene intenciones de avalar el pedido de asilo presentado por la Cancillería argentina a favor de Duarte Pesantes, condenada por haber cobrado sobornos cuando era ministra de Transporte y Obras Públicas durante el mandato de Correa.
Duarte Pesantes se encuentra en la embajada de Argentina en Quito desde agosto de 2020, tras probarse su participación directa en el caso Sobornos 2012-2016. Esta investigación judicial reveló una trama de financiamiento irregular del movimiento Alianza País, la coalición política que encabezó Correa y que tuvo como una de sus principales protagonistas a la entonces ministra de Transporte y Obras Públicas.
Una asesora de Correa -llamada Pamela Martínez- llevaba un cuaderno de contabilidad que registraba los aportes ilegales de empresas privadas al aparato político del ex presidente. Entre esas compañías se encontraba la constructora brasileña Odebrecht, que enfrentó casos de corrupción en toda América Latina.
Correa fue condenado en esta causa y se fugó al exterior, mientras que Duarte Pesantes eligió entrar a la embajada de Argentina y solicitar asilo al gobierno de Alberto Fernández. La ex ministra de Correa está en la residencia diplomática sólo para escapar de la sentencia de prisión que dictó la justicia de Ecuador. El viernes 2 de diciembre, Argentina solicitó el asilo diplomático para la ex funcionaria correísta.
Argentina y Ecuador adhirieron a la Convención sobre Asilo Diplomático que entró en vigencia el 29 de diciembre de 1954 y que también fuera suscripta por otros dieciocho países de América Latina. En este marco, la Cancillería solicitó asilo a favor de Duarte y pidió una reunión de técnicos de ambos países para resolver los tiempos y la forma que permitirían a la exministra obtener un salvoconducto que le sirva para abandonar la embajada de Argentina en Quito y volar a Buenos Aires.
Guillermo Lasso -presidente de Ecuador- no tiene apuro para resolver esta encrucijada diplomática que puede impactar con muchísima violencia política en su agenda doméstica. Si le concede el asilo a la ex ministra sentenciada por corrupción, no tendría otra alternativa que hacer lo mismo con Rafael Correa, que está prófugo tras su condena por haber recibido sobornos de compañías privadas.
Bélgica concedió asilo a Correa en abril de este año y Ecuador exigió su extradición sin resultados positivos. El ex mandatario recorre América Latina como si fuera un funcionario inocente y hace unos días se encontró con Cristina Kirchner en su despacho del Senado. Para este lunes está previsto que vuelva a Buenos Aires donde participará de una reunión con el Grupo de Puebla que servirá de respaldo a CFK luego de que se anunciara su condena a 6 años de prisión por administración fraudulenta en la causa denominada Vialidad.
En la Cancillería que conduce Cafiero no sorprende la posición política del gobierno ecuatoriano. En abril de este año, Lasso visitó Buenos Aires y ratificó su posición institucional ante Alberto Fernández. Ocurrió durante una conversación a solas que ambos mandatarios protagonizaron en la Casa Rosada.
“Hablamos de manera general, no específica ni profundizando porque María de los Ángeles Duarte está sentenciada por un acto de corrupción en el Ecuador, y obviamente es el estatus legal de ella en el país. Eso lo sabe el presidente Fernández y obviamente, las decisiones que tome Argentina respecto de este caso nosotros las respetaremos. Pero en Ecuador ella está sentenciada por corrupción. Por lo tanto es un tema judicialmente definido”, sostuvo Lasso durante una entrevista periodística.
La Cancillería considera que ya cumplió todos los pasos para lograr que Duarte abandone Quito y obtenga su estatus de asilada en Argentina, mientras que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador sostuvo - a través de una comunicado oficial- que “las convenciones que norman el asilo diplomático excluyen la posibilidad de conceder asilo a personas condenadas por delitos comunes”.
Es decir: el Gobierno considera que Duarte es una presa política y merece su asilo en la Argentina, una posición institucional que es rechazada por Ecuador. Para la administración de Lasso, la ex ministra de Correa es una delincuente común que busca fugar de la justicia de su país apelando a un tratado internacional que no la protegería por los hechos de corrupción cometidos.
La sentencia por este caso de corrupción política se conoció el 7 de abril de 2020. El Tribunal de la Corte Nacional de Ecuador sentenció a “8 años de pena privativa de libertad a dieciocho procesados, entre ellos, Rafael Correa y Jorge Glas, expresidente y exvicepresidente de la República, respectivamente; Alexis Mera, exasesor jurídico de la Presidencia; los exministros de Estado, María de los Ángeles Duarte, Vinicio Alvarado y Walter Solís; la excandidata a la Alcaldía de Guayaquil, Viviana Bonilla y el exasambleísta Christian Viteri”.
Aunque los implicados apelaron ante el Tribunal de Casación, la sentencia quedó confirmada el 7 de septiembre de 2020. Y dos semanas antes de este fallo definitivo, Duarte ya había ingresado a la Embajada de Argentina. Fue por recomendación de Correa, que estaba prófugo en Bélgica.
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