Cabak y el excomisario del pueblo Hugo Mario Iglesias están acusados de incumplimiento de los deberes de funcionario público y de partícipes necesarios del delito de trata de personas con fines de explotación sexual.

La fiscala federal subrogante Adriana Zapico ha acusado a ambos de dar protección a una banda dedicada a la explotación de mujeres en situación de vulnerabilidad en el prostíbulo.

De acuerdo a la acusación, habrían brindado protección a una banda dedicada a la explotación de mujeres en situación de vulnerabilidad en el prostíbulo “La Chicho Show”.

El juicio comenzará hoy y hay audiencias fijadas para el próximo 26 de noviembre y el 3 de diciembre.

Respecto a la participación del intendente del PJ, la fiscala aseguró que, “conociendo cabalmente lo que sucedía en el local nocturno ‘La Chicho Show’, no solo mantuvo la habilitación municipal sin realizar gestión alguna para que fuera revocada, sino que además no vetó el artículo 2° de la Ordenanza 446/09, lo que les permitió a los dueños del mismo seguir con la actividad que allí se desarrollaba y rubricó con su firma las libretas sanitarias de las mujeres prostituidas en ese lugar”.

Y agregó: “Con todo ello, Cabak realizó un aporte esencial a la consumación del delito aquí investigado pues con su accionar otorgó a sus autores un manto aparente de legalidad bajo el cual desenvolverse”.

La causa se inició el 21 de febrero de 2011, cuando la denuncia llegó a la Brigada de Investigaciones UR-I. En esa oportunidad, una oficial relató que había tenido una entrevista con una persona, quien le informó sobre una mujer oriunda de República Dominicana que “trabajaba” en un local nocturno de la localidad de Salliqueló, en la Provincia de Buenos Aires, y que “no habría estado conforme con su contexto laboral”.

El prostíbulo habría estado, a su vez, conectado con la whiskería “La Chicho Show” y con un tercer local también bonaerense. El informante policial indicó que las víctimas “rotaban entre los boliches” y que, entre ellas, había jóvenes menores de edad que “al no poder ser prostituidas en el local nocturno de Macachín, lo hacían en el pueblo, en una casa particular”.

Posteriormente, se solicitaron varias intervenciones telefónicas, entre ellas al encargado del local “La Chicho Show” y el 27 de agosto de 2011 se allanó la whiskería. Según uno de los testimonios, “en los dormitorios se realizaban los pases, cobrándolos las chicas quienes llevaban la plata hasta la barra y el encargado era quien controlaba el tiempo tocándoles un timbre de acuerdo al tiempo pagado”.

Las escuchas telefónicas que fueron incorporadas a la causa arrojaron pruebas de cómo funcionaba la red de trata en el cabaré y a su vez evidencian que tanto Cabak como Iglesias “tenían un cabal conocimiento de las actividades ilegales que se desarrollaban en ‘La Chicho Show’”. Además, se estableció que un gran número de mujeres obtuvieron sus libretas sanitarias expedidas por la Municipalidad de Macachín y fueron prostituidas por los imputados en el local. De la prueba recolectada, surge también que las víctimas provenían de distintos puntos del país; que en algunos casos eran de nacionalidad extranjera, en mayor medida de Paraguay y República Dominicana, y que ingresaban al circuito prostibulario con deudas, ya que debían pagar los pasajes de traslado, gastos, alojamiento y elementos de subsistencia.

Además, vivían en el mismo lugar donde eran prostituidas. Como resultado, los investigadores comprobaron que el cabaré era propiedad de Daniel De Luca y que funcionaba como una “casa de tolerancia” donde sus responsables obligaban a las mujeres a mantener encuentros sexuales con los clientes a cambio de una suma de dinero. En este contexto, Luis Daniel De Luca y su socio Blas habrían sido quienes ordenaban la recepción y acogimiento de un gran número de mujeres que provenían de diferentes sitios del país y del extranjero. Para ello, contaban con la contribución de Moya y Otero, quienes fueron imputados por su “participación necesaria” en el proceso. Por su parte, Maximiliano De Luca fue imputado por su “participación secundaria” en el delito de trata de personas.

El Diario de La Pampa