Robo de bebés: Bullrich se negó a entregar datos de 70 efectivos de seguridad a la CONADI
La información había sido solicitada como parte de la investigación de la desaparición de niños durante la última Dictadura Militar.
El Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, rechazó el pedido de entregar datos de 70 efectivos de las fuerzas de seguridad que habían sido requeridos por la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), en el marco de la investigación de la desaparición de niños durante la última Dictadura Militar.
La decisión fue informada este lunes a través de una serie de comunicados difundidos por la cartera, en los que además acusó a la entidad de ser un "organismo militante" y calificó la solicitud de información como un "capricho político"
Si bien la CONADI fue creada por una ley, con facultades muy acotadas, el Decreto 715, de 2004, generó dentro de esa comisión una unidad con atribuciones para pedir documentación a otros organismos del Estado y, a partir de ella, poder eventualmente iniciar investigaciones sobre hipotéticos vínculos de miembros de las Fuerzas Armadas o Fuerzas de Seguridad con niños apropiados durante la dictadura. Todo esto, sin necesidad de contar con una pista o una sospecha sobre determinada persona", planteó el ministerio en un texto difundido a la prensa este lunes.
Mediante esos 70 expedientes, la Conadi había pedido al Ministerio de Seguridad múltiples legajos de los efectivos de las fuerzas, una práctica que venía llevando a cabo de manera ininterrumpida desde su la creación de la unidad.
El Ministerio de Seguridad negó la posibilidad de que un decreto pueda válidamente crear una unidad de investigaciones con poderes propios de una fiscalía. "En primer lugar –expresa la nota–, debemos señalar que un decreto no tiene entidad suficiente para generar un organismo de investigación que pueda intervenir o requerir informes fuera del área del ministerio en el que ha sido creado".
Más adelante, hace saber a los peticionantes que "la investigación y promoción de las acciones judiciales orientadas al juzgamiento de delitos ante el Poder Judicial de la Nación corresponde al Ministerio Público Fiscal, mientras que el Poder Ejecutivo tiene vedado el ejercicio de funciones jurisdiccionales, de conformidad con lo establecido en los artículos 109, 116 y 120 de la Constitución Nacional".
Por otro lado, la respuesta también destaca que "la seguridad de una nación es algo sumamente sensible y del mismo modo los datos del personal que está a cargo de ella. Por ese motivo, las leyes orgánicas de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales asignan a los legajos de los efectivos el carácter de reservado".
"Resulta absolutamente inadecuado –enfatiza la nota de la ministra Bullrich– que un órgano creado por decreto dentro de una comisión que se inscribe en un organismo del Poder Ejecutivo requiera información indiscriminadamente a otros ministerios. Ese procedimiento, por sí mismo objetable, resulta aun más grave si se toma en cuenta que, de los términos de la solicitud, no aparece que se esté demandando un dato preciso unido a una pista certera, algo que de todos modos debería hacer el Poder Judicial. Más bien se proyecta el examen de un alto número de legajos para la eventualidad de encontrar algo que presuntamente pueda servir al requirente".
Por otro lado, la respuesta también destaca que "la seguridad de una nación es algo sumamente sensible y del mismo modo los datos del personal que está a cargo de ella. Por ese motivo, las leyes orgánicas de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales asignan a los legajos de los efectivos el carácter de reservado".
"Resulta absolutamente inadecuado –enfatiza la nota de la ministra Bullrich– que un órgano creado por decreto dentro de una comisión que se inscribe en un organismo del Poder Ejecutivo requiera información indiscriminadamente a otros ministerios. Ese procedimiento, por sí mismo objetable, resulta aun más grave si se toma en cuenta que, de los términos de la solicitud, no aparece que se esté demandando un dato preciso unido a una pista certera, algo que de todos modos debería hacer el Poder Judicial. Más bien se proyecta el examen de un alto número de legajos para la eventualidad de encontrar algo que presuntamente pueda servir al requirente
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