El Senado rechazó Ficha Limpia y los condenados por corrupción podrán ser candidatos
Con 36 votos afirmativos, 35 negativos y ninguna abstención, el Senado de la Nación rechazó el proyecto de Ley de “Ficha Limpia”, una iniciativa que buscaba impedir que personas con condenas por corrupción accedieran a cargos electivos. El resultado generó un inmediato revuelo político y expuso una vez más la fuerte polarización sobre cómo enfrentar la lucha contra la corrupción en Argentina.
La iniciativa había sido impulsada por diversos sectores y contaba con amplio respaldo ciudadano, al proponer que quedaran inhabilitadas para ser candidatas aquellas personas con condena en segunda instancia por delitos contra la administración pública, como enriquecimiento ilícito, malversación de fondos o fraude al Estado.
El rechazo dejó expuestas las profundas diferencias dentro del Congreso. Desde el oficialismo, sectores del kirchnerismo justificaron su voto en contra afirmando que la norma vulneraba principios constitucionales, como el derecho a ser elegido, y advirtieron que podía utilizarse como herramienta de persecución política. Algunos legisladores incluso señalaron que el verdadero objetivo del proyecto era proscribir a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en futuras elecciones.
Por su parte, referentes de la oposición expresaron su repudio al resultado. El presidente Javier Milei calificó el rechazo como “lamentable” a través de sus redes sociales, y cerró su mensaje con un escueto “Fin”. En la misma línea se expresó el vocero presidencial y candidato a legislador porteño, Manuel Adorni, quien sostuvo: “Ahora más que nunca: es kirchnerismo o libertad. Fin”.
La propuesta, que ya había sido tratada en otras oportunidades sin lograr sanción definitiva, formaba parte de una demanda ciudadana que encontró eco en organizaciones civiles, redes sociales y espacios políticos que promueven mayores niveles de integridad en la función pública.
La votación dejó en evidencia que, más allá del consenso retórico sobre la necesidad de combatir la corrupción, las diferencias sobre cómo lograrlo siguen siendo un escollo para avanzar en normativas concretas. Mientras tanto, la sociedad observa con atención y reclama respuestas más firmes para garantizar transparencia y confianza en las instituciones.
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