El Gobierno modificó la ley que regula la política migratoria

El Gobierno nacional modificó por decreto la Ley 25.871 de política migratoria a través del DNU 366/2025, endureciendo las condiciones de deportación y acceso a la ciudadanía, y habilitando el arancelamiento del sistema sanitario y universitario para extranjeros sin residencia permanente.

El decreto establece que los inmigrantes tendrán acceso igualitario a servicios sociales, salud, educación, trabajo y justicia, según su categoría migratoria. Incluso en situación irregular, podrán asistir a niveles educativos obligatorios sin discriminación, y no se les podrá negar atención sanitaria en emergencias. No obstante, fuera de estas excepciones, se exigirá seguro de salud o pago previo para acceder al sistema público de salud nacional.

Se definen las categorías de residencia: permanente, temporaria y transitoria. La Dirección Nacional de Migraciones podrá autorizar una residencia precaria, válida por hasta 90 días, prorrogable, pero sin garantizar la residencia definitiva ni servir para adquirir nacionalidad. La residencia permanente requiere medios económicos y antecedentes penales limpios. Los hijos de argentinos nacidos en el exterior serán admitidos como residentes permanentes.

Respecto a la reunificación familiar, se permiten ingresos por vínculos con ciudadanos o residentes, con residencia por hasta tres años, prorrogable. En educación superior estatal, los estudios de grado serán gratuitos solo para argentinos y extranjeros con residencia permanente. Las universidades podrán cobrar a quienes no cumplan con esos requisitos, salvo en casos de becas previstas por convenios o estatutos.