Policiales Por: InfoTec 4.027/06/2025

Escándalo en Córdoba: Detuvieron al jefe de la Policía Caminera por liderar una red delictiva

Maximiliano Gabriel Ochoa Roldán, comisario general y máxima autoridad de la Policía Caminera de Córdoba, fue detenido este jueves por orden del fiscal Guillermo González. Se lo acusa de formar parte de una organización criminal integrada por efectivos policiales, abogados y civiles, dedicada a utilizar recursos del Estado para fines delictivos.
Maximiliano Ochoa Roldán

CÓRDOBA | La medida judicial también incluye cargos gravísimos: coacción, asociación ilícita en calidad de jefe, enriquecimiento ilícito, peculado y encubrimiento por omisión de denuncia. La investigación apunta directamente a la cúpula policial, lo que ha generado un cimbronazo institucional en la provincia.

Entre los principales implicados se encuentra también Gastón Miguel Ochoa Roldán, hermano del jefe detenido y también integrante de la fuerza, señalado como miembro activo de la organización.

Además, fueron detenidos el comisario inspector Leonardo Javier Torres, jefe del área legal de la Policía de Córdoba; el inspector Martín Darío Heredia, perteneciente a la Policía Caminera; y Gabriel Burkhard, un civil acusado por coacción. La lista se extiende a más policías y varios abogados particulares, quienes presuntamente se beneficiaban del sistema ilegal.

Información oficial utilizada para extorsiones
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público Fiscal, los integrantes de esta red accedían a bases de datos oficiales y utilizaban esa información reservada para realizar acuerdos extrajudiciales, iniciar gestiones de cobro de deudas, asumir defensas penales y pactar honorarios ilegales. La operatoria, que habría funcionado de manera sistemática, implica un uso abusivo y fraudulento del poder estatal.

Allanamientos y recolección de pruebas
Durante los operativos realizados en La Calera, Cosquín y la ciudad de Córdoba, se detuvieron al menos siete personas y se realizaron allanamientos claves, incluyendo el ingreso de personal judicial a la Jefatura de Policía de la Provincia, donde se incautaron documentos y material probatorio fundamental para la causa.

El escándalo pone en jaque la credibilidad de la fuerza y genera un fuerte impacto institucional en Córdoba, donde crecen las voces que exigen una profunda depuración policial.

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