El Gobierno denunciará a la UBA por uso político de su página oficial
El Ministerio de Capital Humano anunció que denunciará a las autoridades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) por "incumplimiento de los deberes de funcionario público". La cartera, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, acusa a la casa de estudios de impedir el acceso al sitio institucional y de redirigirlo a una página con "contenido de carácter político partidario".
BUENOS AIRES | Desde la cartera que conduce Sandra Pettovello exigieron el "cese inmediato de esa maniobra" y solicitaron investigar a los responsables de haber creado un subdominio con mensajes políticos, en rechazo al veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario.
Acusaciones de manipulación y uso partidario de recursos públicos
El Ministerio exigió el "cese inmediato de esa maniobra" y solicitó investigar a quienes ordenaron crear el subdominio https://noalveto.uba.ar.
Según el comunicado oficial, la denuncia se fundamenta en tres ejes principales:
Bloqueo de acceso oficial: Se acusa a la UBA de obstaculizar el ingreso al portal institucional, desviando a los usuarios hacia una página de contenido político.
Creación de un subdominio de protesta: El Ministerio pidió identificar a quienes ordenaron la puesta en línea del espacio virtual con mensajes contrarios al Gobierno.
Violación de principios institucionales: Capital Humano sostiene que la utilización de recursos públicos para fines partidarios compromete la transparencia y el normal funcionamiento de una universidad pública.
Un nuevo capítulo en la tensión con las universidades
El episodio se da en medio de una relación cada vez más conflictiva entre el Gobierno nacional y las universidades públicas, particularmente tras el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, que había sido respaldada por gran parte del sistema académico.
La denuncia del Ministerio apunta a que la UBA utilizó su infraestructura tecnológica para difundir un pronunciamiento en contra de la medida del Ejecutivo, lo que a juicio del Gobierno constituye una "instrumentalización política" de una institución que debería regirse por la neutralidad y la transparencia.
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