Escándalo de las fotomultas y la VTV en provincia de Buenos Aires, ¿qué hacían con la plata?
BUENOS AIRES | D’Onofrio, quien integró el gabinete del entonces gobernador Axel Kicillof, deberá presentarse ante la Justicia el 15 de diciembre a las 10 horas. Está acusado de los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública, en un expediente que desde su inicio generó fuerte repercusión política y judicial.
La investigación no sólo involucra al exministro, sino también a un grupo de empresarios presuntamente beneficiados por adjudicaciones directas vinculadas a la VTV. Entre ellos fueron citados Sebastián Desio, Martín Hernán Serrano, Germán Rebolo, Leonardo Sclafani, Aitor Reter Aguado, Juan Manuel Funes Bige, Juan Pablo Pesculich y Germán Jorge Neuss.
Días atrás, el Juzgado Federal de Campana ya había dispuesto el procesamiento y embargo sobre los bienes de D’Onofrio en el marco de la misma causa.
Una investigación por una presunta red de recaudación ilegal
El expediente se inició el 5 de septiembre de 2024, tras una denuncia que señalaba la existencia de una estructura coordinada entre funcionarios y particulares destinada a desviar fondos provenientes del sistema de cobro de multas de tránsito en territorio bonaerense.
Según la acusación, D’Onofrio habría ejercido un rol de liderazgo junto a la entonces concejal Pilar Pombo, integrando una “estructura criminal con división de funciones y jerarquías”, cuyo propósito habría sido sustraer fondos del Estado provincial y de los municipios para adquirir bienes bajo apariencia lícita.
El fiscal Garganta sostiene que funcionarios del área habrían actuado en connivencia con “gestores” que captaban a infractores de tránsito, ofreciéndoles una reducción del 50% del monto adeudado a cambio de una comisión. Esta operatoria derivó en pérdidas millonarias para Secutrans, la empresa encargada del sistema de fotomultas, cuyo perjuicio económico habría oscilado entre 4 y 10 millones de dólares mensuales.
Contrataciones obligadas y sospechas sobre CECAITRA
Otro de los puntos investigados es la presunta obligación a las siete empresas beneficiadas de contratar previamente a la firma Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica S.A., encargada de asignar turnos para la VTV y que habría cobrado una comisión del 8,5% más IVA por cada operación.
Asimismo, en el expediente figuran sospechas sobre el vínculo con CECAITRA, una asociación civil que habría intervenido en la facturación de ingresos derivados de cinemómetros instalados en municipios como La Matanza, Tigre, Campana, Moreno y Brandsen.
Salida del cargo y continuidad del proceso
El impacto público del caso fue inmediato: en diciembre de 2024, semanas después de que la investigación saliera a la luz, D’Onofrio renunció a su cargo como ministro de Transporte y fue reemplazado por Martín Marinucci.
El avance judicial y la convocatoria a indagatorias vuelven a poner el foco en uno de los expedientes de presunta corrupción más sensibles para la administración bonaerense de los últimos años.