Pampetrol oficializó la convocatoria para operar El Medanito durante la transición
LA PAMPA | La normativa declara a El Medanito como un "área de interés estratégico" para La Pampa. Bajo este régimen excepcional, Pampetrol asumirá la operación legal, pero delegará la ejecución técnica en un operador privado contratado mediante esta convocatoria pública, la cual ya fue publicada en el Boletín Oficial y medios nacionales.
Objetivos y exigencias de la transición
El foco principal de esta etapa transitoria es garantizar la estabilidad de un yacimiento clave para la economía regional. Los puntos centrales establecidos por la ley incluyen:
Continuidad Productiva: Sostener los niveles de extracción y mitigar el declino natural del área.
Preservación del Empleo: Asegurar la continuidad de los puestos de trabajo, tanto directos como indirectos.
Compromiso Ambiental: Garantizar el cumplimiento "pleno e ininterrumpido" de todas las obligaciones ambientales vigentes.
Desarrollo Local: La ley exige específicamente la contratación de mano de obra local y la participación de proveedores pampeanos.
Plazos y licitación definitiva
El contrato de transición tendrá un plazo máximo de ocho meses o finalizará apenas se concrete la adjudicación definitiva del área mediante una licitación pública nacional e internacional. Según lo dispuesto, este período no contará con posibilidad de prórroga, lo que obliga a Pampetrol a avanzar rápidamente con el proceso licitatorio mayor mientras el operador transitorio mantiene el yacimiento en marcha.
Las empresas interesadas deberán demostrar capacidad técnica, operativa y financiera suficiente para gestionar una de las áreas hidrocarburíferas más emblemáticas de la provincia.
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La familia de contención llevó el reclamo a la Legislatura pampeana y reclamó investigar el accionar del sistema provincial de protección de derechos. Ana Laura Pizzani leyó un extenso petitorio en el que cuestionó el procedimiento utilizado para retirar al niño, denunció irregularidades administrativas y pidió la salida del ministro de Desarrollo Social, Diego Álvarez, y de otros funcionarios. También reclamó revisar la actuación institucional vinculada al caso.