"¿Qué sucedería en Realicó ante una situación de estas características?"
Durante la 15ª sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Realicó, la concejal de Juntos por el Cambio, Celina Rivas, fundamentó un proyecto de comunicación mediante el cual el bloque opositor solicita información al Ejecutivo municipal sobre los mecanismos institucionales que se aplican cuando funcionarios o agentes municipales se encuentran involucrados en causas judiciales, especialmente aquellas vinculadas a violencia de género y violencia contra niñas, niños y adolescentes.
La iniciativa, que lleva además las firmas de los concejales Marcelo Grosso y Aixa Alvarado, fue finalmente derivada a Comisión Plenaria para su tratamiento. Durante su exposición, Rivas vinculó el planteo con la conmoción social generada por el caso de Agostina Vega en Córdoba, donde el principal acusado por el crimen, Claudio Barrelier, se desempeñaba como empleado municipal.
“Este proyecto surge a partir de una preocupación que entendemos legítima y que tiene que ver con el rol que debe cumplir y asumir el Estado frente a situaciones judiciales que involucren a agentes municipales y agentes públicos”, expresó la edil al iniciar su intervención.
Rivas recordó que “en las últimas semanas el caso de Agostina Vega, en la provincia de Córdoba, generó una profunda conmoción social” y señaló que uno de los aspectos que tomó estado público fue que “el principal acusado del crimen se desempeñaba como empleado municipal”.
Si bien aclaró que las particularidades de ese expediente deberán ser resueltas por la Justicia, sostuvo que el hecho abrió un debate que considera necesario. “Entendemos que es necesario preguntarnos qué herramientas tienen los municipios para actuar institucionalmente cuando una persona que forma parte de su estructura se encuentra involucrada en hechos de violencia o en causas judiciales de relevancia”, afirmó.
A partir de esa reflexión, la concejal planteó el interrogante central del proyecto. “Nos preguntamos qué sucedería en Realicó ante una situación de estas características, si existen protocolos, si existen criterios administrativos y si existen mecanismos de actuación institucional”, manifestó.
Según explicó, el pedido no apunta a juzgar personas ni a intervenir en expedientes judiciales en trámite. “No estamos solicitando sanciones ni prejuzgando a nadie. No estamos interviniendo en causas judiciales. Estamos ejerciendo una facultad de control que le corresponde a este Concejo Deliberante y solicitando información sobre procedimientos institucionales que deberían existir en cualquier administración pública”, remarcó.
El proyecto solicita conocer si durante los últimos tres años existieron actuaciones administrativas, sumarios internos o intervenciones institucionales relacionadas con agentes municipales involucrados en procesos judiciales. También busca determinar si actualmente existen funcionarios o empleados con causas vinculadas a hechos de violencia y qué medidas administrativas se adoptaron en esos casos.
Otro de los aspectos planteados por el bloque opositor es conocer cuáles son los criterios utilizados por el Municipio para mantener, reasignar o apartar a agentes mientras se desarrollan investigaciones judiciales, además de identificar qué áreas intervienen en ese tipo de situaciones.
Rivas sostuvo que la iniciativa busca fortalecer la transparencia institucional y la confianza pública. “Creemos que la transparencia institucional no se limita a los recursos económicos o a los actos administrativos. También implica conocer cómo actúa el Estado frente a situaciones complejas que pueden impactar en la confianza de toda la comunidad”, señaló.
Finalmente, la concejal pidió el acompañamiento de los demás bloques para avanzar en el tratamiento de la iniciativa. “Este proyecto busca fortalecer las herramientas institucionales y también la transparencia dentro del ámbito municipal”, concluyó.
Ahora el proyecto deberá ser analizado en Comisión Plenaria, donde se debatirá el alcance del pedido de informes dirigido al intendente Facundo Sola y la posibilidad de requerir datos sobre la existencia de empleados o funcionarios municipales involucrados en causas por violencia de género, violencia familiar o violencia contra niñas, niños y adolescentes.