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La iniciativa cobra especial relevancia en medio de la conmoción generada por el caso de Agostina Vega en Córdoba, donde Claudio Barrelier, principal acusado por el crimen de la joven, se desempeñaba como empleado municipal. Si bien el proyecto no menciona de manera expresa ese expediente judicial, los fundamentos apuntan a conocer qué mecanismos institucionales existen en Realicó para actuar ante situaciones que puedan comprometer la responsabilidad del Estado municipal.
Entre los puntos más sensibles del pedido, los concejales Celina Rivas, Marcelo Grosso y Aixa Alvarado buscan saber si durante los últimos tres años existieron actuaciones administrativas, sumarios internos o intervenciones institucionales vinculadas a empleados municipales involucrados en causas judiciales. También solicitan conocer qué áreas intervienen en esos casos y cuáles son los criterios para mantener, reasignar o apartar a agentes mientras se desarrollan investigaciones o procesos judiciales. El pedido expone de manera directa la urgente actuación del jefe comunal si hay empleados o funcionarios que esten sentenciados por la justicia.
El bloque opositor pretende determinar si actualmente existen agentes municipales involucrados en causas judiciales que continúan desempeñando funciones dentro de la administración pública y si se adoptaron medidas administrativas al respecto. En ese marco, el proyecto habilita que, de corresponder y para resguardar derechos y garantías constitucionales, la información identificatoria pueda ser remitida de manera reservada al Concejo Deliberante.
El pedido también pone el foco en situaciones vinculadas a violencia familiar, violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes, consultando expresamente si el Municipio ha intervenido administrativamente en hechos de esa naturaleza. La intención política de la oposición es conocer si existen protocolos claros y si la Municipalidad cuenta con herramientas de control y seguimiento ante situaciones que puedan afectar la imagen institucional o generar preocupación en la comunidad.
En los hechos, la iniciativa representa un fuerte planteo hacia la gestión municipal. Desde Juntos por el Cambio buscan que el Ejecutivo precise no sólo qué procedimientos existen, sino también si hay o hubo empleados municipales involucrados o incluso con sentencias judiciales por delitos de gravedad vinculados a violencia, abuso u otras causas de relevancia pública, y qué medidas adoptó el Municipio en cada caso.
El proyecto será fundamentado durante la sesión de esta noche y podría abrir un nuevo capítulo de discusión política sobre los mecanismos de control interno, la transparencia institucional y el rol del Estado municipal frente a situaciones judiciales que involucren a integrantes de su plantel de personal.
