En La Pampa se construyeron en 36 años la cantidad de 34.487 viviendas de las cuales 10.808 casas están en la capital pampeana. A Santa Rosa le siguen General Pico, con 6.160; General Acha, 1.678; 25 de Mayo, 1.223; Eduardo Castex, 1.169; Toay, 991; Victorica, 919; Realicó, 843; Intendente Alvear, 694 y Macachín, 591. Los cuatro años donde mayor adjudicación de techos hubo fue en 1984 con 2.647 seguida de 1979 con 1.680 casas; en 1987 hubo 1.268 y en 1978 con 757 viviendas.

Del informe surgió que hay 168 propietarios que informaron no tener ingresos y vivir de dádivas. También se encontró que 41 adjudicatarios tienen ingresos familiares menores a los 10 mil pesos y 384 deudores tienen salarios de 20.000 pesos. Después comienza el enorme listado de deudores con importantes ingresos disponibles. Hay 1.086 adjudicatarios que ganan poco más de 30 mil pesos; otros 780 con más de 50 mil pesos de ingresos y, lo que resulta más llamativo, 129 que ganan más de 100 mil pesos mensuales.

Deudores VIP.
No es el objetivo del artículo dar a conocer el listado de los deudores de mayores ingresos, pero es importante mencionar que entre ellos (y ellas) aparecen funcionarios políticos, ex diputados, empleados judiciales, del ISS, APE, profesionales, policías, propietarios de comercios y hasta bancarios.

También puede apreciarse en el profundo estudio sobre las personas que habitan viviendas Fonavi en La Pampa que de los 29.723 pampeanos que no tienen sus cuotas al día 2.588 tienen un sueldo mensual y 70 tienen ayuda social y salario. El mayor ingreso de un deudor en una casa Fonavi pertenece a dos familias que a febrero de 2020 tenían salarios de 185.928,27 pesos, seguido de uno de 152.769,05; dos de 142.000; uno de 140 mil; dos de 135 mil y cinco de 119 mil pesos mensuales.

Hay 4.854 deudores y grupos familiares inscriptos en Ingresos Brutos en la Dirección General de Rentas (DGR) es decir que tienen una actividad económica además de buena parte de ellos con salarios. De aquellos 4.139 registraron movimientos económicos al mes de febrero pasado. Se conoció además que hay 1.271 deudores que son jubilados y 2.003 con trabajos activos. Para finalizar puede decirse que dentro de los pasivos de titulares de viviendas sociales, según la DGR, hay 671 con un ingreso menor a 50.000 pesos anuales; 1.009 menor a 200.000 anuales; 999 menor a medio millón de pesos; 719 menor a un millón; 516 menor 1,8 millones año; 625 con 10 millones anuales de DDJJ del impuesto y 107 que perciben un ingreso anual por operaciones mayores a 10 millones de pesos al año, si así como se lo lee.

Pillos y vivillos.
Realmente una barbaridad para un país donde se buscar sacar tajada de los que más tienen para darle a los necesitados. En concreto, y en línea con lo mostrado aquí, fueron las palabras del gobernador Sergio Ziliotto en la apertura de las sesiones ordinarias de la Legislatura; las palabras del propio titular del IPAV Jorge Alberto Lezcano y hasta declaraciones periodísticas de diputados del oficialismo dando a entender que esto ya se sabía con anterioridad.

El estudio sirvió para ratificar la cantidad de pillos y vivillos, sean éstos empresarios, funcionarios o profesionales, que se hacen pasar como pobres y tienen ingresos muy por sobre la media de todos los pampeanos, o se han «olvidado» de reintegrar las cuotas sociales de su primer casa propia para que el IPAV pueda construir más viviendas para los más de 12.000 familias inscriptas que necesitan tener su primer hogar. Además pudo corroborarse que el 76% paga o debiera pagar cuotas menores a los $500 pesos año.

El secreto fiscal.
El gobernador de la provincia de La Pampa, Sergio Ziliotto, giró un proyecto de ley a la Legislatura provincial para modificar los alcances del Secreto Fiscal. La iniciativa fue remitida a la Cámara de Diputados el 2 de marzo, en cumplimiento con los compromisos adoptados por el mandatario en el discurso inaugural del período de sesiones ordinarias.
El proyecto de ley, según informaron en aquel momento, propicia la modificación de “los alcances del Secreto Fiscal instituido por nuestro Código Fiscal, posibilitando la utilización de la información obrante en la Dirección General de Rentas en los programas o planes de viviendas” en los que tenga intervención el gobierno provincial a través del IPAV o de fideicomisos.
“La información permitirá, mediante parámetros objetivos, determinar quiénes cuentan con mayores herramientas para afrontar la resolución de sus necesidades habitacionales, al menos en forma transitoria”, indicaron.

Gentileza: La Arena